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Guanajuato, con dos paisanos condenados a muerte en EUA

Rubén Ramírez, originario de Irapuato; y Carlos René Pérez, de San Francisco del Rincón, esperan el Habeas Corpus

Desde hace años, Rubén Ramírez y Carlos René Pérez esperan a que autoridades estadounidenses determinen la fecha en que serán ejecutados. Foto: Especial.

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GUANAJUATO, Guanajuato.- Rubén Ramírez Cárdenas, nació en Aldama, Irapuato, y lleva 16 años en el pabellón de la muerte en el penal de la unidad Alan B. Polunsky, en Livingston, Texas, es acusado de violación agravada, secuestro y homicidio en agravio de su prima Mayra Azucena Laguna.

Carlos René Pérez Gutiérrez, es originario de San Francisco del Rincón se encuentra en la prisión de Ely, Nevada acusado por el homicidio de su hijastra en hechos ocurridos el 15 de junio de 1994.

Apenas hace unos días, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Antonio Meade, solicitó al gobernador de Texas, Rick Perry, aplazar la ejecución de Édgar Tamayo Arias, programada para el 22 de enero.

En la misiva, Meade dice que está pendiente el recurso de revisión otorgado a Tamayo Arias para determinar si la violación de su derecho a la notificación y al acceso consular durante el proceso en su contra influyeron a favor de la pena capital.

Édgar Tamayo, de 46 años de edad, fue condenado a la pena capital por el asesinato de un policía de Houston en 1994.

51 mexicanos
están condenados a la pena capital

Los pendientes

Rubén Ramírez Cárdenas, originario de la comunidad de Aldama, Irapuato, en 2013, cumplió 16 años interno en el penal de la unidad Alan B. Polunsky en Livingston, Texas, por los delitos de violación agravada, secuestro y homicidio, en hechos ocurridos el 17 de febrero de 1997 en agravio de su prima Mayra Azucena Laguna y fue sentenciado a la pena capital el 17 de febrero de 1998; es el preso número 999275.

En julio del 2004, Sanjuana Cárdenas, madre de Rubén, viajó al rancho San Cristóbal, en San Francisco del Rincón, para entrevistarse con el entonces presidente de la República, Vicente Fox Quesada, y al no encontrarlo, le entregó los documentos del caso de su hijo a Paulina Fox, quien dijo que entregaría los papeles a su padre.

El 30 de julio de ese mismo año, en una gira de Vicente Fox en Guanajuato, Sanjuana Cárdenas le entregó de manera personal el expediente de Rubén, en ese entonces el Ejecutivo federal se comprometió a apoyar a su hijo.

En junio del 2005, Rubén Ramírez Cárdenas fue víctima de una infección renal y, Sanjuana Cárdenas escribió una carta a Vicente Fox en San Cristóbal, pidiéndole la intervención para que su hijo fuera atendido.

Tras la misiva, el Senado de la República, el Congreso de la Unión y el Congreso del Estado, cada uno por separado, decidieron ayudar y emitieron un punto de acuerdo para exigir al gobierno estadounidense que la salud del connacional fuera atendida como debía ser, por lo que fue trasladado al hospital de Galveston, en Texas.

Durante todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, Sanjuana Cárdenas no tuvo comunicación del gobierno mexicano.

Ramírez Cárdenas, nació el siete de abril de 1970, en la comunidad de Aldama, llegó a la Unión Americana cuando tenía dos años de edad, antes de ingresar a prisión, trabajaba en una empresa de seguridad privada y en un club donde hacía labores de mantenimiento; estudió hasta el primer semestre de preparatoria.

Fue aprehendido el 23 de febrero de 1997 y su detención no se le informó al consulado de México en McAllen, quien debió ser notificado al ser de origen mexicano.

Las autoridades mexicanas se enteraron de su detención hasta julio del mismo año por recortes de periódicos de Edinburg, Texas.

Por esta omisión, fue violado el Artículo 36 de la Convención de Viena, al no tener la ayuda de autoridades de su país para brindarle asesoría jurídica. En mayo del 2002, se solicitó el recurso de Habeas Corpus ante la corte federal del quinto circuito de Texas, es decir, para hacer la revisión de su caso.

El segundo caso

Carlos René Pérez Gutiérrez, originario de San Francisco del Rincón, se encuentra en la prisión de Ely, Nevada acusado por el homicidio de su hijastra de dos años y medio de edad en hechos ocurridos el 15 de junio de 1994.

Su abogado Tim Gabrielsen, en su momento, informó que “Carlos y su esposa, en el pasado, cometieron varios abusos, le pegaban los dos a la hija, entonces tenemos preguntas sobre quién fue la persona que realmente mató a la niña”.

Asimismo, dijo que la esposa de Carlos recibió una sentencia de 15 años de cárcel, “y en Estados Unidos, después de recibir la primera mitad de su sentencia, si no hay problemas, entonces puede recibir su libertad, y vive aquí, en Las Vegas, consiguió su libertad, testificó contra Carlos... testificó que Carlos hizo todo, que él mató a la niña... ella recibió su libertad”.

Explicó que Carlos “entró a declaración de culpabilidad en el caso, no había un juicio para él, declaró su culpabilidad y en el caso fue a un grupo de tres jueces para la imposición de una sentencia y podía recibir una sentencia de vida en la cárcel o una sentencia de muerte y después de oír evidencias en el caso, este grupo de tres jueces impuso una sentencia de muerte, eso ocurrió en el año 1995”.

El abogado mencionó que uno de los problemas en el caso de Pérez Gutiérrez con la sentencia y la declaración de culpabilidad, es que había un intérprete en la corte, pero los abogados no sabían que éste fue condenado por cometer perjurio en su caso.

Además, no informaron a los abogados la historia del intérprete, puesto que recibió una convicción en California por haber violado a tres jóvenes cuando era maestro en una secundaria.

La última declaración

El ocho de julio del 2011, el aún secretario de Desarrollo Social y Humano, hoy gobernador, Miguel Márquez, dijo que el Estado apoya con traslado a los familiares de los dos guanajuatenses encarcelados en Estados Unidos en espera de su ejecución. Dijo que también están en contacto para revisar que se respeten sus derechos humanos y se condone la pena.

En julio del 2011, un día después de la ejecución de Humberto Leal en Texas, dijo que de los 55 mexicanos que estaban sentenciados a pena de muerte en Estados Unidos (hoy son 51), había dos guanajuatenses.

Uno es Rubén Ramírez Cárdenas, de Irapuato, y el otro es Carlos René Pérez Gutiérrez, de San Francisco del Rincón.

En ambos casos “está la solicitud del Habeas Corpus”, para que se revise el proceso y en la búsqueda de que se modifique la sentencia. Correo buscó a Susana Guerra Vallejo, coordinadora del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias, para conocer el proceso que se sigue en la actualidad de los dos casos, sin embargo, no se obtuvo respuesta.

Presos por ser ilegales

Según cifras oficiales, en la actualidad 17 mil 720 mexicanos purgan sentencias en prisiones de Estados Unidos, principalmente por delitos relacionados con la migración.

La Oficina de Estadísticas de Justicia (BJS, por su sigla en inglés) precisó que el número de mexicanos en prisiones federales por delitos migratorios se incrementó de dos mil 74 en 1994 a 17 mil 720 en el año fiscal 2010, último periodo del que hay cifras disponibles.

Los mexicanos representan 78% de todas las personas sentenciadas en Estados Unidos por delitos migratorios, cada una de las cuales recibe una condena de 15 meses en promedio.

Los delitos migratorios son por ingresar o reingresar de manera ilegal al país (90%), seguido por contrabando de personas (cerca del 10%) y fraude con visas (menos de 1.0%).

En promedio, al día 34 mil personas permanecen en centros de detención en Estados Unidos o en camas alquiladas por la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE, por su sigla en inglés) a una red de más de 200 cárceles estatales o del condado, sin embargo organismos civiles han denunciado que abundan los abusos en estos centros, tales como falta de acceso a nutrición y a ejercicio apropiado, cuidado médico, materiales legales y educativos, teléfonos y visitas, también documentan que “son comunes los reportes de abuso sexual y físico, privación del sueño y aislamiento”. (Agencias)

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