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Las heridas de las dictaduras aún siguen abiertas en América Latina

Muertes, desapariciones forzadas y miles de interrogantes aún quedan tras el paso de los años

Muertes, desapariciones forzadas y miles de interrogantes aún quedan tras el paso de los años. Foto: Especial.

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MONTEVIDEO, Uruguay.- El capítulo de las dictaduras se cerró en América Latina hace menos de un cuarto de siglo, pero para dar vuelta esta página sombría aún continúan las exhumaciones y las investigaciones para esclarecer las circunstancias de la desaparición de ilustres opositores.

Los chilenos Salvador Allende y Pablo Neruda y el brasileño Joao Goulart, por citar algunos de los casos más emblemáticos, murieron en circunstancias extrañas tras los golpes de Estado en sus países.

Aunque los certificados de defunción respectivos mencionan una causa de muerte oficial (suicidio, enfermedad, paro cardíaco...), familiares y compañeros continúan dudando de la veracidad de esas versiones.

Esas dudas llevaron a la exhumación de varios cuerpos, más de 40 años después, bien para determinar las causas concretas de la muerte, bien para poder poner fin a teorías conspirativas.

La exhumación en 2004 de los restos de Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile entre 1964 y 1970, permitió por ejemplo establecer que su muerte, en 1982, se debió probablemente a envenenamiento.

En el caso de otro expresidente chileno, el socialista Salvador Allende, fallecido el 11 de septiembre de 1973, el día del golpe de Estado en su contra del general Augusto Pinochet, y exhumado en 2011, pudo en cambio confirmarse su suicidio.

"Queremos la verdad"

No sólo están los casos de celebridades. Las dictaduras que asolaron América del Sur en los años 70 y 80 produjeron fundamentalmente miles y miles de víctimas anónimas, cuyos restos continúan aun hoy apareciendo y siendo identificados, fundamentalmente en Argentina (1976-1983) y Uruguay (1973-85).

Para Judith Schonsteiner, directora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales de Chile, se trata, por un lado, de echar luz sobre los casos de "ejecuciones extrajudiciales" y, por otro, de brindar "justicia y reparación" a los familiares de las víctimas de desapariciones forzadas, a menudo enterradas clandestinamente.

Las organizaciones de defensa de los derechos humanos estiman que 3.200 personas fueron asesinadas bajo el régimen de Pinochet, entre 1973 y 1990. En Argentina fuentes similares hablan de más de 30.000 desaparecidos, entre 1976 y 1983.

"Se debe buscar, exhumar e identificar todos los cuerpos (...). Queremos verdad, justicia y reparación", dijo a la AFP Pedro Sánchez, de la Asociación de Familiares de Mártires de la Democracia (ASOFMAND) de Bolivia, un país que conoció una seguidilla de golpes de Estado militares entre 1964 y 1982.

A mediados de noviembre, entretanto, los restos del expresidente de Brasil Joao Goulart (1961-1964), derrocado por un golpe de Estado y muerto en 1976 en Argentina, fue exhumado para determinar si había sido envenenado en el marco del Plan Cóndor, una coordinación represiva establecida entre las dictaduras del Cono Sur en los años 70.

La misma sospecha presidió los trabajos forenses realizados sobre los restos del poeta y premio Nobel de literatura Pablo Neruda, muerto poco después del golpe de Estado de Pinochet a raíz de un cáncer, según la versión oficial.

A pesar de que un grupo de expertos internacionales concluyó, a comienzos de noviembre último, que se carecía de "elementos químicos significativos que pudieran estar vinculados a (su) muerte", el caso permanece abierto, a pedido de los deudos y del Partido Comunista chileno, al que el escritor pertenecía.

Juzgar a los culpables

Dejar atrás las páginas sombrías de la historia reciente de América del Sur supone también que los torturadores sean juzgados.

En Argentina, el país de la región en el que la represión alcanzó mayor ferocidad, los juicios se multiplican, fundamentalmente porque los militares salieron debilitados de su derrota ante Gran Bretaña en la guerra de las Malvinas, en 1982, y no pudieron negociar las condiciones del retorno a la democracia, que se produciría un año después.

"Los argentinos le perdieron por completo el miedo a las fuerzas armadas, y por ello fueron más audaces a la hora de juzgar a los dictadores y sus esbirros", dijo a la AFP el ex periodista y diplomático francés especializado en América Latina Pierre Kalfon.

"En Chile, en cambio, la presencia del Ejército sigue siendo fuerte", agregó, subrayando que bajo Pinochet el Ejército se convirtió en "una potencia militar pero también económica", gracias al financiamiento proveniente del dinero del cobre, la principal fuente de divisas del país. La batalla por la justicia y el castigo a los torturadores es, de hecho muy lenta y tímida" en este país.

En Chile, hay en las cárceles alrededor de 70 altos funcionarios de la dictadura, mientras en Argentina superan los 250.

En Brasil o en Uruguay, donde la entrega del poder a los civiles fue negociada, tal cual sucedió en Chile, el retorno a la democracia fue acompañado de altos niveles de impunidad para los responsables de las violaciones a los derechos humanos.

Para Judith Schonsteiner, el punto clave de las iniciativas judiciales destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte del conjunto de las víctimas es demostrar, para que "nunca más suceda", que "en un momento dado de la historia un grupo de personas creyó que podía hacer lo que quisiera al resto de la población".

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