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Fincará Contraloría responsabilidad a Sucel González, titular del Inmira

Juan Francisco Martínez Arredondo dijo que habrán de ser cuidadosos en los tiempos para no violentar etapas del procedimiento

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La Contraloría municipal concluyó la etapa de investigación y notificó el inicio del procedimiento de presunta responsabilidad administrativa en contra de la directora del Instituto Municipal de la Mujer Irapuatense (Inmira), Sucel Alejandra González Ibarra, derivada de la queja interpuesta por la regidora del PRI Irma Leticia González Sánchez por supuesta falsedad de firmas en una sesión del consejo de dicho instituto.

Se quejan de maltrato
 El día de ayer, el alcalde Sixto Zetina Soto fue abordado por cinco trabajadoras del Inmira, solicitándole una audiencia para exponerle el ambiente laboral en el que vienen trabajando al desarrollar su trabajo en medio de la presión y hasta malos tratos por parte de la directora Sucel Alejandra González Ibarra.
  El alcalde dijo no poder atenderlas; no obstante, ante su insistencia, las recibió en su despacho por menos de diez minutos, y se comprometió a agendar una cita para escuchar sus inquietudes.
 Al finalizar, las mujeres se negaron a dar detalles del problema, pues dijeron que así se los pidieron.

Juan Francisco Martínez Arredondo dijo que habrán de ser cuidadosos en los tiempos para no violentar etapas del procedimiento, “como los hemos manejado en la Contraloría de una manera neutral, seremos respetuosos de la garantía de audiencia de parte de la funcionaria y también de la denunciante. Hoy iniciaremos esa fase que es la apertura del expediente”.

Asimismo, el contralor consideró que tomará por lo menos dos meses instaurar el proceso y substanciar el procedimiento administrativo, y una vez que se agote la fase de alegatos y se culmine el expediente, se estará turnando al ayuntamiento para su resolución.

El pasado 19 de noviembre, la regidora Irma Leticia González Sánchez presentó una queja ante la Contraloría municipal al detectar documentos presuntamente apócrifos correspondientes a un acta de sesión del Consejo Directivo de dicho organismo en la que se aprobó la credencialización de afiliadas, así como otras varias irregularidades.

 

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