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Esperan resolución en caso de abuso policial

El subprocurador José Raúl Montero de Alba comentó que la línea de investigación fue agotada, por lo que el expediente fue concluido a finales de diciembre pasado, siendo enviado para su resolución a la Secretaría General

José Raúl Montero, subprocurador de Derechos Humanos. Foto: Manuel Bernal

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La Subprocuraduría de Derechos Humanos región “B” ya envió a las oficinas centrales el expediente de quejas 210/13-B, correspondiente al supuesto abuso de autoridad policial contra habitantes de San Cristóbal, por lo que sólo se espera su resolución y, en su caso, la emisión de recomendaciones a las autoridades municipales y del estado.

El 2013 cerró con 52 expedientes de queja en contra de la Policía Municipal y 49 recomendaciones hechas a la administración de Irapuato.

El subprocurador José Raúl Montero de Alba comentó que la línea de investigación fue agotada, por lo que el expediente fue concluido a finales de diciembre pasado, siendo enviado para su resolución a la Secretaría General, en las oficinas centrales.

Comentó que fueron ocho las personas que acudieron a ratificar la queja, abierta por oficio luego de que el siete de noviembre de 2013, habitantes de esa comunidad se manifestaron contra la apertura de un expendio de cerveza, cerrando a modo de protesta la carretera estatal Cuchicuato-San Cristóbal, situación en la que intervino el grupo antimotines de la Policía de Irapuato, quedando detenidas al menos tres de las manifestantes, quienes fueron liberadas luego del cierre de la vialidad.

“Nos tardamos un poco por lo complejo del expediente y de todas las autoridades que estuvieron señaladas en los hechos de queja, las personas que ratificaron las mismas y el número de los elementos que participaron en los hechos de las distintas dependencias; fue lo que nos llevó un poquito de tiempo”, dijo.

El funcionario se reservó los detalles de la investigación, señalando únicamente que entre los acusados de represión en el proceso se encuentran elementos de la Policía Municipal y de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado y de Tránsito. También indicó que fue necesaria la declaración de más de 40 elementos de Seguridad Pública, así como la integración de videos sobre los hechos.

Aunque no dio una fecha para la resolución final del asunto, Montero de Alba señaló que serán las oficinas centrales las que determinen si proceden o no recomendaciones en contra de los elementos de Seguridad.

 

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