La dirección de ordenamiento territorial amplió su plazo para que se regularicen los negocios
Las autoridades municipales exhortaron a los negocios prendarios a cumplir con los requisitos para no ser sancionados. Foto: Juan J. Ramírez
La dirección de Ordenamiento Territorial extendió el plazo para que las 26 casas de empeño que están operando de manera irregular en el municipio, se regularicen y den cumplimiento a la integración de los documentos como permiso de uso de suelo, dictamen de protección civil y contrato de adhesión ante la Procuraduría Federal del Consumir (Profeco).
Liliana Pérez Mares, directora de Ordenamiento Territorial dijo que luego de que el 17 de enero el ayuntamiento aprobó la regulación de las casas de empeño para ordenarlas, debido a que de 45 registradas un total de 26 operaban de manera irregular, se les otorgó un primer plazo para cumplir con los requisitos, sin embargo la mayoría se acercó a la dirección al fenecer el plazo y se les esperará para que terminen de tramitar el papeleo correspondiente.
Mencionó que los encargados se han acercado a la dirección a solicitar una prórroga con el fin de regularizar su situación y cumplir con la presentación del dictamen de Protección Civil, clave catastral, acreditación de la propiedad y contrato de adhesión con la Profeco.
“Son requisitos que se tardan tiempo, en lo que ellos cumplen toda esa documentación y en dado caso que no alcanzaran a juntarla en el plazo que se les otorgó, entonces sí se aplicarán multas y hasta la clausura del establecimiento”, mencionó la funcionaria.
La directora de la dependencia destacó la importancia de regularizar las casas de empeño para dar garantía a los pignorantes y en particular tener un padrón confiable dado que son en ocasiones tomadas como centros de almacenamiento de prendas, joyas y otros objetos robados.
Finalmente, dijo que las casas de empeño que no se han acercado a regularizar, sólo tendrán diez días hábiles para responder al requerimiento del municipio o de los contrario se les aplicará una multa que puede ir de 25 salarios mínimos hasta 250 como máximo dependiendo de la gravedad del caso, y si reinciden podrían ser clausuradas.
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