La enseñanza no debe ser más la principal causa de reproducción de las desigualdades sociales, dice el líder de los diputados priistas
CIUDAD DE MÉXICO.- “No será en las calles, sino en las instituciones de representación popular y con las autoridades educativas, en donde se dirima con responsabilidad y transparencia el presente y futuro del sistema educativo nacional y el porvenir de nuestros niños, jóvenes y docentes”, sentenció el coordinador de la diputación priista en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones.
Aseveró que la educación no debe ser más la principal causa de reproducción de las desigualdades sociales y regionales, sino el instrumento para formar el capital humano con las capacidades, conocimientos y valores que nos permitan recuperar la competitividad y el crecimiento económico sostenido, y asegurar las oportunidades de empleo y de calidad que exigen los mexicanos, concluyó el líder parlamentario.
En un comunicado, Beltrones Rivera expresó su confianza en que a través del diálogo con otras fuerzas políticas se podrá impulsar una Ley General de Educación que eleve la calidad, cobertura y equidad en este rubro.
“En la ruta de las reformas y después de haber modernizado nuestra Ley de Amparo, sin perder este derecho pero sí limitando los casos en que por causas de interés público no proceda la suspensión provisional, confiamos en continuar impulsando el diálogo parlamentario y el encuentro con los actores relevantes del sector educativo para traducir la reciente reforma constitucional en modificaciones a la Ley General de Educación”.
En una reunión de evaluación con legisladores priistas, el líder de la bancada priista aseveró que a partir del consenso mayoritario a favor de la reforma educativa debe cambiar una realidad que actualmente excluye a casi 8 millones de jóvenes de la escuela y del mercado laboral y debe también superar el rezago de una tercera parte de la población, que no ha concluido la educación básica.
Dijo que es momento de aprovechar la voluntad política y el consenso social para adoptar normas y políticas públicas que respondan al interés general y afiancen la autoridad del Estado en la gestión y la gobernabilidad del sistema educativo.
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