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Necesario precisar facultades del INE

Magistrados, funcionarios electorales, investigadores, entre otros piden que se aclare también el papel de medios en reforma electoral

Magistrados, funcionarios electorales, investigadores, entre otros piden que se aclare también el papel de medios en reforma electoral. Foto: Especial

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MÉXICO, DF.- Magistrados, funcionarios electorales, investigadores, ex consejeros y ciudadanos coincidieron en la necesidad de precisar facultades al Instituto Nacional de Elecciones (INE) y definir el papel que tendrán los medios de comunicación en la legislación secundaria de la reforma político-electoral.

En el foro “Alcances y perspectivas de la reforma política para el proceso electoral 2014-2015", el ex consejero electoral Jaime Cárdenas opinó que las leyes secundarias deben definir las facultades de los institutos electorales locales al crearse el INE, para moderar el de los medios de comunicación y propiciar condiciones equitativas.

Planteó que, de igual forma, se debe regular el financiamiento privado en las campañas pues, dijo, rebasa cuatro veces el público.

Comentó que la aprobación de las últimas reformas constitucionales han ido conformando un nuevo régimen, no sólo político o económico, sino también jurídico pues, desde su perspectiva, la mayor parte de las reformas no tienen nada que ver con los significados y alcances sociales y nacionales de la Constitución de 1917.

Jaime Cárdenas aseveró durante el encuentro organizado por el Partido del Trabajo (PT) que los titulares de los nuevos órganos constitucionales autónomos previstos en dicha reforma serán consecuencia del reparto de cuotas entre los partidos mayoritarios.

Asimismo, dijo, reproducirán los intereses, poder e ideología de las fuerzas políticas y económicas hoy dominantes en México.

Planteó que, además, la reelección afianzará el poder de los gobernantes y de los intereses económicos que los sostienen.

“La reforma electoral no propuso, para contrarrestar los efectos nocivos de repetición en el cargo, como son la revocación del mandato y la derogación del financiamiento privado, lo que significará que quienes se reelijan serán los que tengan el respaldo de la clase empresarial.

Indicó que las tres fuerzas políticas mayoritarias que han negociado en la opacidad la reforma electoral buscan eliminar, a través del umbral del tres por ciento de la votación válida, a las fuerzas minoritarias y no tendrán representantes en el Congreso de la Unión.

En su oportunidad el coordinador en la Dirección Distrital XXXV del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Ignacio Galindo, comentó que la legislación federal, para delegar facultades a los órganos electorales estatales, deberá tener un marco regulatorio general que no atente contra del régimen constitucional y municipal de cada entidad federativa.

De ahí que “las normas que se expidan deberán ser lo suficientemente laxas, pero al mismo tiempo concretas porque vivimos con un régimen de gobierno de facultades expresas, pero que marquen líneas muy generales y faculten a los órganos electorales locales de la manera más amplia y correcta posible”.

Remarcó que es de suma importancia que la legislación secundaria sea clara y precisa para evitar que ésta tenga que ser reformada en el corto plazo ante los conflictos que puedan derivar de la confusión de competencias o de la interpelación de la ley.

Ignacio Galindo pidió tener presente que la propia Constitución estipula que las reformas no podrán ser aplicadas por los órganos electorales antes de que haya transcurrido un plazo no menos a 90 días naturales a partir de la fecha de su promulgación.

En su momento, el magistrado electoral de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Juan Carlos Silva Adaya, consideró que debe darse un diálogo más intenso entre los actores políticos y los órganos técnicos con quienes tienen la responsabilidad de esa ley secundaria, para ofrecer a la población un mejor producto que coadyuve en la garantía de sus derechos”.

Durante su participación, la profesora investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Irma Méndez de Hoyos, propuso que la Cámara de Diputados controle las malas prácticas electorales para que la reforma cumpla su objetivo de elevar la calidad de los comicios.

“Si queremos trabajar en la confianza de las elecciones, tenemos que erradicar el fraude electoral y controlar las malas prácticas electorales, pues desafortunadamente una de las grandes conclusiones en el mundo es que no hay manera de erradicarlas”.

Dijo que “hay manera de controlarlas, sancionarlas, castigarlas y ese es el propósito que tiene que lograr la cámara en su conjunto”.

Desde su punto de vista, los 19 órganos electorales estatales en el país son altamente partidistas, tienen poca independencia, incluso jurídica.

Respecto al profesionalismo, “nos encontramos con un problema aún más grande, pues sólo en tres entidades se han aprobado los estatutos del servicio profesional electoral, y en el resto sólo existen en la ley”, externó.

Román Jaimes Contreras, consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de Guerrero, propuso que en la Ley General de Procedimientos Electorales se contemplen como permanentes a los órganos electorales máximos de dirección de las entidades federativas integrados por consejeros y representantes de partidos políticos.

Para ello, agregó, se les debe dotar de autonomía de decisión, tomando en cuenta que los consejeros generales en materia electoral en el ámbito local, son los órganos superiores de dirección y responsables de vigilar el cumplimiento permanente de las disposiciones constitucionales.

“Es pertinente mencionar que es responsabilidad de todos los que estamos involucrados en actividades político-electorales contribuir en la construcción de esa Ley General en Materia Político Electoral y obligación de quienes la elaboran de analizar y en su casi tomar en cuenta las opiniones que se viertan, en bien del fortalecimiento de nuestra democracia”, finalizó.

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