Consideran que la reforma a telecom tienen tintes presidencialistas. Foto: Especial

MÉXICO, D.F.- La diputada de Movimiento Ciudadano Luisa María Alcalde, afirmó que la reforma en telecomunicaciones representa también un riesgo contra su finalidad democrática. 

Lo anterior, sin negar que existen avances en relación con el combate a los monopolios y concentración de concesiones, creación de nuevas cadenas, equidad en el sector de competidores privado, alentar el desarrollo de la banda ancha y el establecimiento de organismos autónomos y tribunales especializados. 

La también secretaria de la comisión de Radio y Televisión, señaló que los integrantes del que se denominaría órgano regulador autónomo, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel), así como la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofecoe), serían propuestos al Presidente por un Comité de Evaluación integrado por órganos subordinados. 

"El Banco de México, el Instituto Nacional de Geografía y Estadística y el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, están supeditados al Ejecutivo ya que esté influyó en la integración de los mismos. Además, de dicho Comité se eliminó la presencia de organismos que si son autónomos como la UNAM y la CNDH", dijo la legisladora de Movimiento Ciudadano. 

Dijo que entre los puntos que deben revisarse, destacan el artículo 28 Constitucional, que establece que para la otorgación o revocación de concesiones y otras facultades del Ifetel, se requerirá la opinión previa del titular del Poder Ejecutivo, "lo cual desnaturaliza el carácter autónomo del organismo ya que se supedita al Presidente de la República". 

Sobre la permisibilidad de inversión extranjera directa del 100% en telecomunicaciones, dijo que "resultaría catastrófica en términos de imposición de tendencias de consumo descontextualizadas, la incapacidad de participación real de las opciones de contenidos independientes y desde luego la derrama económica y fuga de capital al extranjero, conllevando además la pérdida de la soberanía tecnológica". 

Alcalde refirió que al eliminar la obligación de los concesionarios de televisión abierta para retransmitir su señal a los concesionarios de televisión restringida de forma gratuita, la "tendencia claramente sería encaminada a un aumento de costo a los consumidores, y aumento de poder de control a los titulares de las concesiones de televisión radiodifundida abierta". 

Dijo que además no se incluyeron otras demandas, como una efectiva regulación e inclusión dentro del texto Constitucional del derecho de réplica, el establecimiento de principios o reglas claras para la determinación de las tarifas y calidad del servicio que habrán de incluirse en la ley reglamentaria, una efectiva y sustancial mención y ampliación del marco constitucional rector de los medios públicos (distinguir con medios de interés público), radios comunitarias, y la participación de academia y sectores civil o social en la redacción de la iniciativa, de forma que recoja el reclamo popular en la misma.