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Atropellada reforma electoral

Había prisa para entrar de lleno a la discusión de la refor-ma energética. Ni siquiera se consultó a los consejeros del IFE que, con conocimiento de causa, mucho tenían que decir sobre los riesgos y focos rojos de los cambios propuestos. El resultado es confuso e incierto; un galimatías, dicen muchos, y no es descabellado calificarla de ese modo. 

1) El principal avance formal, sin duda alguna, es cierta normalización de nuestra democra-cia representativa, que no ha sido tal en tanto no contaba con la figura de la reelección conse-cutiva de legisladores (faltaría, también la revocación de mandato en los propios legisladores). El problema radica en que, por protegerse los partidos contra el transfuguismo de última hora (cuando un candidato pierde las elecciones internas), han dejado en los propios partidos la decisión de quién puede buscar la reelección y quién no. Lo que, para efectos prácticos, conculca el poco poder de los representados que presuntamente se les concedió sobre sus representan-tes. Se supone que tal decisión vendrá de procesos democráticos dentro de los partidos (regulados por lo que será una nueva ley de partidos). Pero, ¿cuál de ellos practica realmente la democracia interna? Serán las cúpulas, como diría Robert Michels, las que en realidad tomarán esa decisión.

2) Además, los diputados y senadores de representación proporcional podrán también ser reelectos, en lo que menos aún contará la decisión de los ciudadanos. De tal manera que compadres, amigos, parientes y políticos impresentables podrán seguir ocupando esas curules y, si quedan bien con su partido, permanecer hasta por doce años. Algo debe hacerse, en todo caso, con respecto a los plurinominales (listas abiertas o al menos doble boleta, por ejemplo). 

3) Se avanza en quitar a los partidos y gobernadores el nombramiento de consejeros estata-les, que serán designados por el consejo general del nuevo INE. También cambia un tanto el nombramiento de los consejeros del nuevo instituto; dependiendo de cómo se conforme el comité técnico de evaluación (siete personas de reconocido prestigio), habrá un filtro para que los aspirantes orgánicamente cercanos a los partidos no pasen a la lista final, en la que podrían quedar personas auténticamente independientes respecto de los partidos, si bien éstos siguen teniendo la decisión final. 

4) Que los consejeros del INE puedan atraer las elecciones locales (por mayoría calificada de ocho de once votos) abre espacios a la discrecionalidad y conflicto. ¿Con qué criterios podrán determinar que la elección ha sido capturada por los gobernadores? Seguramente veremos a los partidos opositores en cada entidad exigiendo que el INE atraiga la elección a partir de cualquier irregularidad detectada, y si los consejeros no lo hacen, serán acusados de haber sido cooptados por el gobernador en cuestión (sea del partido que sea). 

5) Aunque se incluyen nuevas causales de nulidad (inspiradas por el proceso de 2012), los partidos reconocen que no cualquier irregularidad justifica la anulación de una elección, sino sólo cuando los ilícitos sean determinantes en el resultado. Y como esa decisión se presta a juicios discrecionales (como 

cuando en 2006 el TEPJF dijo que Fox puso en riesgo la elección, pero que su injerencia no fue determinante), se decidió también que las irregularidades serán determinantes en el resultado si la distancia entre los punteros es menor al 5% del sufragio (en caso de ser graves y consistentes, de nuevo un criterio discrecional). El problema es que nuestras elecciones tienden cada vez más a arrojar resultados cerrados. Difícilmente los partidos dejarán de incurrir en artimañas, pero su apuesta será a que no sean detectadas, o que su eventual triunfo se dé con una ventaja superior a ese umbral. Lejos de reducir los incentivos a incurrir en irregularidades, podría ser a la inversa, con el propósito de incrementar artificialmente la ventaja del propio candidato por arriba del 5%, y así garantizar un triunfo que de otra suerte podría ser anulado con relativa facilidad. 

En suma, si lo que se buscaba era dar mayor certeza y claridad a las elecciones, así como elevar el consenso sobre los resultados oficiales, probablemente con esta reforma se conseguirá exactamente lo contrario. Es una ley intricada que sobreregula aún más nuestra de por sí farragosa legislación electoral, con pocas probabilidades de fortalecer el apego a las reglas y el reconocimiento del resultado por parte de los contendientes. Más bien lo contrario.

 

 

 

 

 

 [email protected] | Investigador del CIDE. 

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