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Advent más de una victoria con Fumisa vs AICM, millonario adeudo por 1,400 mdd y relación comercial en T1 y T2 para largo

 

*Canacar aceptará dictamen para NOM 012 y en 2014 meta impulsar con SCT modernización de flota; cuello de botella a Pemex en dictamen del Senado; CNBV analiza anomalías de GAP y GMéxico y González renuncia y se une a Cervantes

ENTRE LOS PROYECTOS de infraestructura previstos para echar a andar en 2014, está el de un nuevo aeropuerto en Texcoco con el fin de sustituir el AICM, ahora mismo saturado.

Dada la complejidad política que en su momento representó el proyecto, la administración de Enrique Peña Nieto ha buscado mantener dicho asunto con un perfil bajo.

El mismo está a cargo de Ángel Núñez Soto exgobernador de Hidalgo y se espera que junto con SCT de Gerardo Ruiz Esparza se tenga listo el esquema para el primer trimestre del 2014.

Las apreturas del AICM no son mito, ya que en este año el número de pasajeros llegará a 30.5 millones, a pesar de que la crisis alertagó la dinámica de la aviación.

Pero más allá de la nueva obra, en la ruta crítica del AICM que comanda Alfonso Sarabia hay un expediente que se ha complicado y que va a obstaculizar la determinación que se tenía de liberar los derechos de comercialización, hoy a favor de Fumisa, propiedad del fondo de inversión Advent que comanda Luis Solórzano.

Sucede que Fumisa, firma que fundó el ya desaparecido Alfredo Hakim, ha logrado en el transcurso de los últimos meses victorias legales que parecen irreversibles.

La última sentencia se produjo a finales de noviembre cuando Advent obtuvo de un juez la “protección interdictal” frente al AICM, lo que significa que este último está impedido de perturbar a la firma financiera estadounidense en el ejercicio de lo que son sus derechos.

La relación entre el gobierno federal y Fumisa en lo que hace al tema comercial del AICM data de 1991. De hecho fue con ASA que hoy dirige Gilberto López Meyer, con quien se inició.

Fumisa se comprometió desde entonces a realizar diversas obras en el AICM, que se pagarían mediante un contrato de derechos de comercialización a 20 años, para lo que se fijó una tasa interna de retorno del 12.82%. De no conseguirse se ampliaría el plazo.

Desde la administración de Ernesto Zedillo, SHCP realizó un estudio para verificar que la tasa estipulada fuera razonable, y se concluyó favorablemente.

Vino la crisis de 1995 y Fumisa se vio muy afectada. Se acogió a la Ley de Quiebras y fue en ese contexto que la adquirió Advent para reestructurar sus pasivos.

Acto seguido, el convenio original fue ratificado para que Advent concluyera obras atrasadas y con Vicente Fox se revaluó el asunto ya con la participación de Banobras.

En vez de esperar a que transcurrieran los 20 años se optó por hacer un balance y luego recalcular la tasa de retorno de forma semestral.

La cuenta presentada por Advent ante el Juez 67 no satisfizo al gobierno federal y desde entonces arrancó una refriega legal que continúa a la fecha.

A principios del 2012 en los tribunales, Advent pudo certificar que su cuenta por la friolera de mil 400 millones de dólares es válida. Obvio el AICM ha interpuesto más de un recurso.

En abril pasado el Décimo Tribunal Colegiado del DF que preside Carlos Ramírez, resolvió de manera inapelable a favor de Advent en torno al millonario adeudo que se reclama, que por cierto constituiría el monto más alto que se ha desahogado en los tribunales mexicanos.

Previamente el asunto fue analizado por la Jueza 67 Gloria Montante, el Décimo Tribunal Superior de Justicia a cargo de Humberto Montiel Trujano y por el Juez 6º de Distrito en Materia Civil Claudio González Mugenberg.

La reciente “protección interdictal”, es la cereza del pastel y más allá de la intención del AICM de cancelar a Fumisa en lo que es la comercialización en la T1 y T2, parece que la relación va a prevalecer hasta completar el 6.81% de la tasa de retorno, que según esto aún no se ha cubierto.

* * *

EL VIERNES COMO es público, la subsecretaría que comanda Carlos Almada y la dirección de Autotransporte Federal de Federico Domínguez Zuloaga dieron a conocer el dictamen del panel de expertos para evaluar la NOM 012 para pesos y dimensiones en carreteras. El estudio fue fruto del trabajo de 10 especialistas: Roberto Meli, Octavio Rascón, José Rubén Hernández, Ramito Tóvar, Salvador García, Arturo Ramírez, Juan Carlos Belausteguigoitia, José Saúl Choreno, Arcadio Poveda y Francisco Javier Carrión. Estos tuvieron 21 sesiones que se desahogaron del 27 de mayo al 25 de noviembre de este año. El peso máximo autorizado para los “fulles” quedó en 75.5 toneladas. Se mantiene lo vigente, puesto que la extensión para llegar a 80 toneladas ya no rige. Se optó así porque no se cuenta con la suficiente información estadística. Eso sí, se restringe la utilización de esa configuración para manejar materiales peligrosos y se da un plazo de 5 años para los ajustes. También se modularon los tramos de interconexión a sólo 50 kilómetros en el tránsito de esos vehículos de una carretera B a una ET y A, que son las autopistas. En general el documento no sorprendió a la industria. En el caso de Canacar que comanda Roberto Díaz Ruiz y que dirige José Refugio Muñoz le adelanto que va a honrar su compromiso de aceptar el dictamen, de tal manera que para 2014 se pueda comenzar a trabajar en temas más de fondo, como la profesionalización del sector y la modernización de la flota.

* * *

TRAS CONOCERSE EL dictamen para la reforma energética, en el último párrafo del sexto transitorio hay un tema que en un momento dado restaría agilidad a Pemex que dirige Emilio Lozoya. Si bien en primera instancia la paraestatal lleva mano para elegir los proyectos de su interés, en otros puede optar por asociarse. El problema es que para este caso quedará supeditada a la Comisión Nacional de Hidrocarburos que preside Juan Carlos Zepeda. Se cree que el riesgo es que el paso por esta última dependencia se pueda transformar en un cuello de botella. Habría que revisar el punto.

* * *

EN EFECTO, CNBV que comanda Jaime González Aguadé evalúa lo concerniente al uso del Emisnet por GMéxico de Germán Larrea para convocar a la última asamblea en GAP, en la que se evaluó el contrato de asistencia técnica. Esta fue una situación por demás extraña. También se ha analizado la actuación de la administración del grupo aeroportuario que lleva Fernando Bosque a favor de AMP y en detrimento de otros accionistas. El problema para la dependencia es que su marco legal no ayuda. Como quiera, fíjese que hay otra variable en este asunto que seguro va a dar más de que hablar. Resulta que Jorge González renunció a la vicepresidencia jurídica de la CNBV el primero de diciembre. Lo curioso es que se incorporó al despacho de Luis Cervantes, quien justo es la voz cantante de GMéxico en el litigio contra GAP. Es obvio que hay un conflicto de interés.

 

 

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