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Yerbamala

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Bárbara Botello

1.- Partidista y ¿personal?

La peor señal que podrían mandar los panistas es que hoy nombraran a Javier Pérez Salazar como el nuevo Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior como si fuera una “compensación”. 

Y de que seguiría más o menos “alineado”, como el que se va, Mauricio Romo.

Esto, luego del Análisis que tan a modo les hizo sobre la solicitud de autorización de deuda de la alcaldesa de León, Bárbara Botello.

Pérez Salazar, aún director de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso, construyó un análisis jurídico-financiero con conclusiones propicias para la valoración política, sobre todo. 

Incluye observaciones de algunas carencias, programa financiero anual, plazo de amortización, discrepancias en denominación de proyectos… que al solicitar al ayuntamiento leonés que las subsane dejarían de ser argumentos.

Los panistas no podrán basar su decisión, un posible rechazo o una reducción a los mil 227 millones de pesos que pide Bárbara, sólo en el diagnóstico de Pérez Salazar. También están las calificaciones favorables de “Standard & Poors” y “Moodys”, además de otras variables a considerar. Objetivamente.

Juventino López, el líder parlamentario del PAN, habría confiado, presuntamente al diputado “verde” Sergio Contreras, que no estaban de acuerdo con la solicitud de Bárbara Botello porque ella les parece muy “protagónica”, litigante, con ganas de copar la agenda del estado.

En corto, el propio gobernador, Miguel Márquez, entre otros comentarios, expuso su creencia de que la solicitud de Bárbara tendría fines “electoreros”…

Sería de esperar que los panistas mejoren sus argumentos, y sus alternativas, en todo caso, al rezago de décadas que tiene León en infraestructura. Hay una razón pública, y un crecimiento de los ciudadanos para juzgar, premiar o sancionar los hechos de los funcionarios públicos.


Raquel Barajas

2.- ¿Quién mece la cuna?

La pequeña revuelta que armaron algunos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, STJE, ante la noticia de que se habría construido una decisión favorable al magistrado Miguel Valadez Reyes para la presidencia tuvo efectos públicos… pero orígenes internos.

Ante la inminencia del término de sus siete años, dentro de un mes, la magistrada Raquel Barajas Monjarás, con su indudable talento, atizó el malestar de algunos pretendientes a la presidencia del STJE, y compartió, más allá de los muros del Poder Judicial, causas, consecuencias y amagos.

Una primera motivación que había tenido era más bien frívola, la de estorbar la posible llegada de otra mujer a esa presidencia, pues quiere pasar a la historia como la única.

Más terrenales son sus motivos actualizados. Con los votos de algunas magistradas de las salas civiles a las que influye, pretende negociar beneficios personales para cuando deje de ser. 

Una Notaría en Dolores Hidalgo sería el menor, pues pretende la dirección de la Escuela Judicial, pero su gran sueño es la Coordinación Jurídica del gobierno estatal, hoy en manos de Plinio Martínez.

Y con la decisión en favor de Valadez Reyes no podría…

Carlos Zamarripa

3.- Corrupción y manoseo  político

Se acaba el año y el gobierno de Miguel Márquez no consigue acreditar con hechos su combate a la corrupción, lo cual ha sido su bandera moral, casi su causa.

Al procurador de Justicia, Carlos Zamarripa, se le salieron de la red tres de los siete “pececitos” que había atrapado por el fraude de más de 27 millones de pesos al gobierno estatal.

Ahora anuncia que “habrá más” detenidos por ese fraude. Sin embargo, en nombre de la eficiencia, tendría que atrapar a los exfuncionarios involucrados, y no sólo a particulares, como hasta ahora.

Porque su estrategia de “impacto público” está haciendo agua. El arresto del exalcalde de Doctor Mora, Rubén Darío Piña, no logró el efecto deseado.

También le “ayuda” en esa modalidad la secretaria de la Transparencia, Isabel Tinoco, con el trascendido de la investigación al coordinador Jurídico de la Secretaría de Salud, Aníbal Hernández Mendoza. Los cargos: tráfico de influencias, omisiones legales, despidos injustificados, amenazas…

Lo grave es que Aníbal está en funciones, lo cual habla mal de Tinoco, pero mucho peor del secretario de Salud, Ignacio Ortiz Aldana. Más, aún, porque el caso de los “pescaditos” y otros más de corrupción vienen de esa secretaría.

Si se quería poner en evidencia a Ortiz Aldana la mesa está servida.

Lo que no acaba de cuadrar es el “combate a la corrupción”. Confirma la impresión de que, por evadirse tanto, pueda acabar por perder el rumbo.

Mayra Enríquez Vanderkam.

Con su “destape” como aspirante a la presidencia estatal del PAN, la exdiputada y exsecretaria del ayuntamiento leonés le mete una presión inesperada a los que hasta ayer se creyeron los principales contendientes, Ricardo Torres Origel y Gerardo Trujillo Flores

El cuarto pretendiente, José Luis Oliveros Usabiaga, también tendrá motivos de inquietud. Su oferta, centrada en los jóvenes, tendrá que ser mejorada.

Como la buena política que es, Mayra condiciona su decisión definitiva para postularse a que haya “condiciones”. Es una apuesta a conmover el “alma panista”, que en su versión clásica sería contraria a imposiciones e inequidades.

Hay posibilidades. Por la crisis por la que atraviesa el panismo, con un gran sentimiento de culpa por las pérdidas sufridas, el ánimo que se generaliza es el de los actos de contrición y catarsis. De rescate de la honestidad en la política.

En función de lo anterior, hay una lectura oportuna y precisa en la decisión de Mayra. Ahora que en la elección de dirigentes participarán todos los militantes, los grupos, de los que ella tiene uno pequeño, pierden fuerza.

Fuera de los puestos públicos luego de perder la candidatura a la alcaldía de León con Miguel Salim, ha evolucionado mucho, y con ello su propuesta política. Algo que al PAN le vendrá muy bien.

 

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