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La guerra en Michoacán

Nadie se atreve a definir el estado de cosas en Michoacán como una guerra. Sin embargo, ¿cómo se puede explicar la confrontación entre grupos armados por controlar territorios? ¿Cómo caracterizar cuando organizaciones paramilitares toman comunidades y asumen el control de la vida diaria de sus pobladores? ¿Cómo describir la suspensión de las actividades económicas cuando la violencia en las carreteras y las calles de sus pueblos y ciudades rompe con la actividad productiva? Casi el 10% de Michoacán está tomado actualmente por grupos parami-litares, y en 44 municipios de 113, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoce su pre-sencia. Ante esa confrontación bélica, hay una mirada pasiva de las autoridades.

Lo que sucede en la región de Tierra Caliente, en donde se concentran las bolsas de ingober-nabilidad y conflicto, se asemeja mucho a lo que sucedió en Colombia en los 90, cuando frente a la debilidad institucional del Estado, surgieron grupos paramilitares. Por un lado,  sectores empresariales financiaron a las llamadas autodefensas para combatir a las FARC, la guerrilla que tenía controlado en aquellos años el 40% del territorio nacional. Y por el otro, narcotraficantes que rompieron con Pablo Escobar, jefe del Cártel de Mede-llín, integraron y financiaron el grupo de Los Pepes (“Perseguidos por Pablo Escobar”), para combatirlo y quedarse con el negocio. Al final, todos los grupos paramilitares terminaron siendo parte integral del fenómeno de la violencia.

En la Tierra Caliente michoacana se están dando los dos fenómenos en forma simultánea. Los Caballeros Templarios, la banda en la que renació La Familia Michoacana, se dividió y dio origen a grupos de autodefensa civil y policías comunitarias que hoy son financiadas por los enemigos de ese cártel, los talamontes y el Cártel Jalisco Nueva Gene-ración –detrás de la cual está el Cártel del Pacífico–, además de que existen evidencias de que empresarios tapatíos con intereses económicos en Michoacán, también les están apoyando con recursos. 

El fenómeno paramilitar en Michoacán surgió en la coyuntura del cambio de gobierno, y cuando la nueva administración del presidente Enrique Peña Nieto decidió cambiar radicalmente la estrategia de combate a los cárteles que había llevado a cabo el presidente Felipe Calderón. No sólo cambió el discurso, sino replegó a las fuerzas de seguridad federales, con la que dejaron territorios, como Mi-choacán, a merced de los delincuentes. Una mala lectura inicial de la Secretaría de Gobernación sobre estos grupos, promovió su florecimiento.

Las autoridades federales han dicho a los grupos de autodefensa civil y a las policías comunitarias que la seguridad corre por cuenta del gobierno, pero no sólo los han ignorado, sino que han aumentado su expansión de control territorial. Los Caballeros Templarios no han sido atacados de manera frontal sino tangencial, ante el resurgimiento, como sucedió en el gobierno de Calderón, de conflictos dentro de las fuerzas de seguridad por desavenencias sobre estrategias y formas de abordar la problemática. 

Las autoridades no se ponen de acuerdo sobre los orígenes y las fuentes de poder de los grupos que operan en la ilegalidad. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, reiteró este lunes que los grupos de autodefensa civil y las policías comunitarias responden a los intereses del Cártel Jalisco Nueva Generación para eliminar del negocio de la droga a Los Caballeros Templa-rios, mientras que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que los grupos de autodefensa civil y policías comunitarios no están vinculados con el narcotráfico. Osorio Chong no podía decir otra cosa, pues mantienen un diálogo permanente con los líderes de esos grupos, e inclusive reciben su protección. Haber admitido lo que Vallejo señaló, sería el equivalente a reconocer tratos con un cártel de la droga.

En todo caso, la situación de ingobernabilidad en Michoacán es inaceptable. El propio presidente Peña Nieto reconoció ante la prensa que en ese estado hay una debilidad institucional. Ya se sabía desde el año pasado, cuando el gobierno federal anunció un plan para asumir el liderazgo institucional en Michoacán, tras lo cual el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, admitió en noviembre que estaba en peligro el Estado de Derecho. Son demasiadas palabras y pocas acciones. Urge dejar atrás el discurso para atacar el problema con hechos concretos. En riesgo no sólo está Michoacán, ante la posibilidad que la guerra que se vive en varias zonas del estado se extienda a otras entidades, ante el ejemplo de omisión y pasividad del gobierno federal frente a grupos que, flagrantemente, violan la ley sin ser molestados.

 [email protected] | twitter: @rivapa

 

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