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Guerra sucia en Michoacán

 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, hizo una declaración cuya dimensión y trascendencia quizás ni él ni su jefe, el presidente Enrique Peña Nieto –al no descalificarla–, se han dado cuenta. Al aceptar que el gobierno federal mantiene un diálogo con los grupos de autodefensa civil en Michoacán y afirmar que protege a uno de sus líderes porque combate a Los Caballeros Templarios, Osorio Chong, reconoce que el gobierno claudicó a su responsabilidad primaria de proveer seguridad a todos los ciudadanos, y que está dispuesto a asociarse con delincuentes, para combatir a delincuentes. Bajo la premisa de que el fin justifica los medios, el secretario de Gobernación confirma que la ley en México es discrecional.

Inverosímil declaración. Los grupos de autodefensa civil en Michoacán han usurpado la función gubernamental de proveer seguridad en comunidades de al menos 44 municipios, y en varias cabeceras los alcaldes no pueden realizar la función por la cual fueron electos. Esos grupos han interrumpido la legalidad institucional. Los grupos de autodefensa civil están armados con fusiles M-16 y R-15, reglamentarios del Ejército, o AK-47, conocidos como “cuernos de chivo” que utilizan los cárteles de las drogas, como se puede apreciar en imágenes y fotografías de prensa. Al hacerlo, violan el artículo 17 constitucional que establece que “ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho”, y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos que prohíbe la portación de pertrechos militares.

El secretario de Gobernación soslaya la realidad de que están violando la ley desde hace más de un año, pues el fenómeno de estos grupos paramilitares floreció al arrancar la administración del presidente Peña Nieto. Pero no la desconoce, cuando señala que están en diálogo con los paramilitares para que depongan las armas. Simplemente se doblega el secretario, al decir públicamente que conversa con grupos armados al margen de la ley para que de manera voluntaria le den permiso al gobierno que haga el trabajo por el que constitucionalmente está obligado a cumplir. Lo grave no para ahí. Osorio Chong dice tener razones concretas por las cuales ni utiliza la fuerza del Estado para someter a una insurgencia disfrazada de Policía civil, ni actúa en contra de sus líderes, como es el caso del jefe de los grupos de autodefensa de Tepalcaltepec, José Manuel Mireles, mostrado en fotografías con armas reglamentarias del Ejército Mexicano –que exige una investigación de oficio por parte de la PGR–: son sus aliados tácticos en el  combate a Los Caballeros Templarios.

La díada planteada por el secretario de Gobernación –delincuentes buenos, los paramilitares; delincuentes malos, los narcotraficantes–, es el prólogo de la catástrofe política en la gobernación mexicana. La posición de Osorio Chong exhibe la utilización de los servicios de los grupos de autodefensa civil para hacer una limpia de Los Caballeros Templarios. Dejaron atrás el uso de comandos extra legales como la Brigada Blanca, creada por el gobierno en los 60 para combatir y aniquilar a las guerrillas mexicanas, para utilizar ahora de manera abierta, a los paramilitares michoacanos. Los excesos que cometió la Brigada Blanca, compuesta de policías y soldados, condujeron a los años negros de la guerra sucia, que mantiene abiertas heridas muy dolorosas. Lo que ahora dibuja el secretario de Gobernación, es una nueva guerra sucia, pública y anunciada, con la participación indirecta de las fuerzas de seguridad. ¿A quién se le ocurrió semejante despropósito?

A mediados de diciembre se registró en este mismo espacio (La colombianización de Michoacán) la aparición de narcomantas en ocho municipios de Tierra Caliente, donde acusaban al general de policía colombiano, Óscar Naranjo, asesor del presidente Peña Nieto en materia de seguridad, de ser el responsable de la creación de esos grupos. Naranjo no respondió nada, pero el contexto en el cual surgieron los paramilitares michoacanos se dio durante la presencia como jefe de la XXI Zona Militar, con sede en Morelia, del general Juan Ernesto Antonio Bernal Reyes –quien ya fue trasladado a otra zona–, quien desde los 90 ha sido el experto del Ejército en movimientos armados. Existen videos y fotografías donde las tropas a su mando respaldaban y protegían a los grupos de autodefensa civil.

Las declaraciones de Osorio Chong explican el porqué de la protección institucional a esos grupos. Lo que probablemente no han calculado en Los Pinos es que lo que afirmó el secretario es un manifiesto oficial de un pacto con delincuentes, que provocará un daño profundo a la credibilidad del gobierno.  Su posición no puede pasar desapercibida por el presidente. Urge que la descalifique, la corrija y subraye, hoy más que nunca, que su compromiso con la legalidad es cierto, y que sepulte el aventurismo político, a donde lo llevó el secretario de Gobernación. 

[email protected] | twitter: @rivapa

 

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