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Investigaciones CEIDAS

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LEÓN y la inseguridad urbana

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), ha tenido la capacidad de fortalecer sus estructuras institucionales, y con ello, también ha generado cada vez más, nuevos instrumentos de medición de la realidad nacional; algunos de estos instrumentos son encuestas, mediante las cuales se logra una poderosa aproximación a lo que está pasando en términos de percepción ciudadana.

Uno de estos nuevos instrumentos es la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, la cual se construye con base en una muestra recolectada en algunas de las principales ciudades del país, entre ellas León. Otras de las ciudades incluidas son Tijuana en Baja California; Acapulco en Guerrero, Cancún, en Quintana Roo; Tampico, en Tamaulipas; Veracruz, en Veracruz y; el Distrito Federal.

En estas ciudades se preguntaron cuestiones elementales; una de ellas es si la población mayor de 18 años se siente seguro o inseguro en su ciudad; resulta preocupante que el 68% de la población considera que sus ciudades son inseguras y, más aún, casi el 65% de los mayores de 18 años aseguran que han presenciado un evento delictivo, fundamentalmente robo o asalto a transeúntes.

Es preocupante que sólo una de cada tres personas considere que la seguridad en sus ciudades mejorará o seguirá “igual de bien”; mientras que dos de cada tres consideran que “seguirá igual de mal” o que incluso empeorará.

Lo anterior no puede tener como correlato, aún cuando no se pregunta en esta encuesta, la desconfianza que tiene la ciudadanía en los gobiernos y principalmente en los gobiernos locales, pues debe recordarse que la seguridad, en el ámbito del fuero común, es responsabilidad directa de las presidencias municipales y de las jefaturas delegacionales en el caso del Distrito Federal.

Desde esta perspectiva, sería sumamente útil que el Gobierno del Estado llevase a cabo un ejercicio similar para determinar cuál es la percepción ciudadana en las principales ciudades de la entidad, y con base en ello también replantear algunas de las estrategias de prevención del delito y de intervención para reducir la criminalidad.

Lo anterior, porque si se combinan estos resultados con los de la Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción sobre la Seguridad Pública (ENVIPE), lo que resulta también es que Guanajuato es una de las entidades en que en menor medida las personas acuden a la autoridad para denunciar los delitos; y esto no se debe sino a la profunda corrupción percibida por la ciudadanía.

Una Encuesta Estatal sobre la inseguridad urbana permitiría ampliar la base de preguntas y orientar el cuestionario desde una perspectiva de diseño de política pública, desde una concepción orientada hacia la seguridad ciudadana; a ello deberían agregarse elementos vinculados a la cultura y cumplimiento de los derechos humanos, porque si un delito se comente con toda impunidad en nuestras ciudades es el de la violencia intrafamiliar, y todo un catálogo de violaciones a los derechos de la niñez y de las mujeres.

Lo anterior puede sostenerse porque la citada Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, nos revela que siete de cada diez personas percibe que uno de los principales problemas de sus colonias y entornos es el elevado nivel de consumo de alcohol en la vía pública; y es bien sabido que si un factor influye en la violencia contra las niñas, niños y mujeres, es el uso y abuso del alcohol.

Asimismo, el 57% de las personas considera que en sus entornos hay constantes actos de vandalismo; dos de cada tres personas percibe a los robos o asaltos como el mayor problema a enfrentar en sus localidades o colonias; el 30% denuncia la presencia constante de pandillerismo; el 40% denuncia que hay venta de drogas en sus entornos; mientras que el 25%, es decir uno de cada cuatro, denuncia que hay constantes eventos de disparo de armas de fuego.

La cuestión no es menor; se necesita avanzar rápidamente hacia nuevas estrategias de prevención; pero éstas no pueden diseñarse si antes no se cambia la perspectiva policial que se tiene del problema de la seguridad pública; es decir, se necesita, y con urgencia, comprender que no se trata sólo de poner a delincuentes ante un juez, sino que sobre todo, lo urgente es construir una sociedad respetuosa de los derechos humanos y del Estado de derecho.

Desde esta perspectiva, las estrategias de prevención del delito deben trascender de la recomendación reiterada de “no caminar por calles oscuras o solitarias”; “no cargar mucho dinero”; “ir al cajero sólo en horas en que hay gente”; etc., hacia una constante construcción de una sociedad para la paz, la tolerancia y el respeto a la Ley.

Lo anterior por supuesto no se construye de la noche a la mañana; necesita de un intenso proceso de reeducación de la mayoría de las personas que integran a los cuerpos policiacos; de una mayor claridad y comprensión del tema de la seguridad pública de las presidencias municipales; y de un intenso trabajo con los medios de comunicación y la sociedad civil, a fin de iniciar un proceso de promoción de una cultura de la paz y la solidaridad.

Mientras tanto, el diagnóstico es claro; en León, pero también en Celaya, Irapuato, Salamanca, Silao, Guanajuato, San Miguel de Allende, Valle de Santiago, Acámbaro, Salvatierra, y cualquiera de las ciudades medias, las condiciones de vida son cada vez más inseguras, por lo que un nuevo diagnóstico y una nueva generación de políticas públicas, no sólo son necesarias, sino urgentes. De ello depende, nada menos que el patrimonio y la integridad de las personas y sus familias.

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