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Corrupto Poder Judicial

La Secretaría de Gobernación presentará hoy la estrategia del gobierno federal contra el flagelo que más creció en los años re-cientes y que más lastima a miles de mexicanos; el secuestro.

Y es que en los dos años re-cientes –el último de Felipe Calderón y el primero de Peña Nieto–, el secuestro se disparó a niveles impensables y por completo se salió de control, a pesar de las promesas formuladas por los dos gobiernos. Al final, el secuestro derrotó al Estado mexicano y la mejor prueba de esa derrota es que la propia autoridad no conoce y menos reco-noce las escalofriantes cifras de plagios.

Sin embargo, de poco servirán las estrategias y esfuerzos puestos en práctica por el Ejecutivo federal contra el secuestro, si el Poder Judicial se cae a pe-dazos de corrupción y complicidad con las mafias que hacen florecer el secuestro.

Y si alguien tiene dudas vale recordar que apenas en días recientes, Nelson Vargas denunció que luego de casi seis años del crimen de su hija –secuestrada–, los culpables no han sido sentenciados. Más aún, en meses recientes sólo algunos de los criminales responsables del secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace fueron sentenciados, mientras que debido a fuertes presiones de la CNDH, se reabrió el caso de Marisela Escobedo, madre asesinada por exigir el esclarecimiento del secuestro y crimen de su hija.

Pero si no son suficientes los casos anteriores, otro ejemplo de la corrupción, simulación e impunidad con la que operan las mafias del Poder Judicial lo vimos apenas el pasado 23 de enero de 2014, cuando el Consejo de la Judicatura ordenó la suspensión definitiva del juez Luis Armando Jerezano Treviño, al reconocer evidencias del presunto lavado de dinero en el Casino Royale, el mismo donde murieron 52 personas el 25 de agosto de 2011.

Lo indignante del caso es que luego de dos años, el juez apenas fue suspendido de sus funciones –a pesar de la montaña de pruebas que confirman su responsabilidad en los delitos de lavado de dinero, extorsión, secuestro y delincuencia organizada–, y lo peor es que probablemente nunca sea sancionado penalmente. ¿Por qué? Porque en ese caso quedó claro que buena parte del Poder Judicial es una red mafiosa que solapa y brinda impunidad a los suyos. ¿Tienen dudas? 

De acuerdo con el amparo otorgado a la Operadora del Casino Royale 99/2008, el juez Luis Armando Jerezano Treviño es cabeza de un grupo delictivo que se encarga de extorsionar, secuestrar, chantajear y de crear redes de corrupción con autoridades del Poder judicial de Nuevo León; autoridades con las que se coludía para despojar de casinos y otras propiedades a particulares, lavar dinero, secuestrar personas y falsificar documentos.

Pero eso no es todo, el juez Luis Armando Jerezano Treviño enfrenta un proceso de investi-gación ordenado por la DEA, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada; esto debido al amparo 1190/2006 otorgado a favor de Juan Chapa Garza, presunto prestanombres del capo Juan García Ábrego, para la devolución de los bie-nes que la PGR le expropió al narcotraficante.

Según documentales públicas –que pueden ser consultadas en la página de La Otra Opinión–, existen evidencias de que el apoderado de Juan Chapa Garza, el señor Enrique Adolfo Gutié-rrez Falcón, realizó dos depósitos por casi un millón de dólares a la cuenta de Luis Armando Jerezano Treviño. En este caso también está involucrada la esposa del juez, la señora Claudia Zulema Alanís Treviño, quien también es acusada por lavado de dinero. 

A pesar de todas las evidencias en su contra, Luis Armando Jerezano Treviño buscaba que el Consejo de la Judicatura lo reinstalara en su cargo de Juez federal. Sin embargo, el pasado 23 de enero de 2014 dicho Consejo de la Judicatura ordenó su suspensión, una vez confirmadas las denuncias de que había favorecido con amparos a diversos casinos. Según el Consejo de la Judicatura, existen elementos suficientes para iniciar el procedimiento disciplinario de oficio en contra del funcionario público. Es decir, para despedirlo.

Tampoco es todo. La Procuraduría General de Justicia de Baja California Sur promueve ante el congreso un juicio de procedencia contra Sergio Aguilar Navarro, juez que en diciembre de 2012 liberó bajo fianza al exgobernador perredista Narciso Agúndez Montaño, preso por defraudación.

Queda claro que en el Poder Judicial algo huele muy mal. Y también es cierto que de poco servirán las acciones del Poder Ejecutivo en materia de secuestro, si el Poder Judicial está podrido. Al tiempo.  

 

 

 

 twitter-@Ricardo Aleman Mx |www.ricardoaleman.com.mx 

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