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Retos del Congreso Popular

En cuantía y ánimo, la convocatoria al Congreso Popular fue exitosa. Unas dos mil quinientas personas se reunieron en un extremo de la explanada del Monumento a la Revolución (las sillas rentadas fueron dos mil), provenientes de todo el país, para participar en la construcción de un movimiento que busca juntar fuerzas para revertir las reformas peñistas, en particular la energética, y enfrentar política y cívicamente el proyecto neosalinista en curso.
Los resolutivos más importantes fueron justamente en esos temas. Uno consistió en la revocación política de lo aprobado el 20 de diciembre pasado en materia energética. Otro planteó organizar una protesta pública el 18 de marzo (ahora más simbólico) en el zócalo capitalino y en el mayor número posible de plazas públicas del país, con el mandato expreso de los reunidos ayer para que se busque la máxima unidad de fuerzas progresistas, buscando enlaces para efectos prácticos con los principales personajes de la izquierda (Cuauhtémoc Cárdenas y Andrés Manuel López 
Obrador en primer lugar).
El congreso, que arrancó dando voz a ciudadanos elegidos por insaculación, lo que ofreció un notable mosaico de opiniones y propuestas, y en el que participa-ron líderes de movimientos sindicales, sociales y cívicos, tiene por delante, entre otros, los retos de vertebrar y dar viabilidad a expresiones similares en los estados y regiones del país, para atender los problemas locales y descentralizar lo que hasta ahora sigue girando en torno al Distrito Federal, y, desde luego, el reto de que las peticiones y ofertas de nuevas formas de lucha, no rutinarias ni sabidamente ineficaces, puedan materializarse y permitan a los congresistas, y al segmento social al que buscan representar, percibir que no se está sólo frente a reformulaciones, retórica (alguna, astillada) y repeticiones. Los hechos (el nivel verdadero de desobediencia civil, el tejido de una red nacional de resistencia frente a los abusos del poder y la búsqueda de unidad de la izquierda sin caer en las trampas del partidismo) habrán de definir si este congreso significa la construcción de un nuevo y verdadero poder popular.
No debería sorprender que el médico Juan Manuel Mireles haya dejado de ser el vocero de los grupos michoacanos de autodefensa. Luego de un accidente aéreo aún lleno de incógnitas, el voluntarioso personaje (que llegó a colocarse como el más emblemático de ese peculiar movimiento) ha sido geográficamente seccionado, debido a un oscuro proceso envolvente de la Policía Federal que primero “resguardó” al galeno en el hospital privado de la capital del país donde recibió sus primeros tratamientos y días después lo trasladó en helicóptero hacia un lugar no revelado, donde lo mantiene bajo una “vigilancia” contra atentados que en los hechos pareciera una especie de secuestro apenas disfrazado.
Es natural, así, que el médico tenga posibilidades muy disminuidas de mantener contacto con sus compañeros y de ejercer con eficacia la función de portavoz que debería sustentarse en la toma diaria del pulso de lo que va sucediendo en el complicado lugar de los hechos. Sin embargo, lo que pudo procesarse de una manera discreta ha terminado con tono de ruptura. Estanislao Beltrán, quien ha ido ejerciendo el cargo de la vocería, anunció ayer la destitución de Mireles, explicando que éste, con sus declaraciones, afecta al movimiento de autodefensas. La más reciente declaración resonante de Mireles fue hecha al diario español “El País”, en términos que consideraban como “teatro” los acuerdos entre los grupos civiles armados y el gobierno federal.
Otra sugerente salida de foro se produjo en la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde el inequívocamente salinista Francisco Rojas dejó la dirección que hasta ahora había ejercido con desgano, ya fuera por razones personales o políticas. El relevo, Enrique Ochoa Reza, no tiene en su biografía el sello del salinismo, como para pensar que los acuerdos en las cúpulas hubiesen respetado al expresidente las cuotas de poder que se le entregaron a principio de sexenio (la secretaria de Turismo a su sobrina, Claudia Ruiz Massieu; la de Desarrollo Social a su ahumada protegida, Rosario Robles, y el Fondo de Cultura Económica a José Carreño Carlón, entre otros).
Una de las relaciones más notables del nuevo director fue con Luis Téllez, cuando éste fue secretario de energía del zedillismo. Y fue subsecretario de mucha utilidad para Pedro Joaquín Colwell en el sexenio que corre, ayudándole a adentrarse con rapidez en los aspectos técnicos y políticos de esa misma secretaría de energía y a asesorarle de manera directa e inmediata cuando en reuniones especializadas el exgobernador de Quintana Roo (sin antecedentes en el tema energético aunque sí muchos en los ámbitos político y priista) no podía responder o precisar ciertos cuestionamientos.
Ochoa Reza ha fluctuado entre lo técnico y lo político. Es abogado por la UNAM y economista por el ITAM (su tesis en este instituto fue sobre “Un mercado de generación de energía eléctrica para México”). Además, tiene una maestría en filosofía política, otra en ciencia política y un doctorado en esta misma materia. Además,  fue funcionario del tribunal electoral y el IFE. Ahora estará al frente de otro de los grandes negocios que han sido potenciados a partir de la reforma energética (aunque desde años atrás se instauraron mecanismos de redituable privatización), el del mercado mexicano de la energía eléctrica.
Y, mientras en Veracruz los periodistas siguen siendo agredidos, esta vez en Coatzacoalcos, donde el reportero Gregorio Jiménez de la Cruz fue sacado de su domicilio particular por cinco encapuchados (Jiménez había publicado en días recientes en “Notisur” información sobre los constantes secuestros que se cometen en Villa Allende, justamente de donde fue privado de la libertad él mismo), ¡hasta mañana, con la policía ciudadana (de la UPOEG) desbordándose en carreteras de Guerrero, al igual que grupos de autodefensa en el municipio de Gabriel Zamora, en Michoacán!
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