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Lo que sigue faltando en el combate a la inseguridad

Nuestro país sigue enfrentando como una de sus más grandes problemáticas el fenómeno de la inseguridad y violencia. 

A más de un año de haber cambiado la administración federal las cosas no parecen mejorar, y lejos de ello se han venido agravando en ciertas regiones.

Hace una semana estuvimos en Michoacán y tuvimos la oportunidad de platicar con ciudadanos preocupados por los fenómenos de inseguridad en la entidad. Es cierto que la violencia con que operan las bandas de la delincuencia organizada  es uno de los factores más críticos. Pero una de las cosas que más llamó mi atención fue que de manera reiterada,   se referían al impacto que en su vida cotidiana tienen la comisión de  delitos como secuestro y extorsión. 

La inseguridad que nos preocupa no se aísla en Michoacán. La inseguridad y violencia afectan a otras entidades del país de manera grave y en otros como el nuestro, ha tenido efectos que hay que atender. En los últimos meses hemos visto como en León se ha incrementado la violencia y la delincuencia, lo mismo que en otros municipios del estado. La ciudadanía sigue resintiendo la inseguridad como uno de los principales problemas que afectan su entorno cotidiano. 

Los factores generados por una estructura económica de consumo, en donde no hay una oferta de empleos de calidad que satisfagan las expectativas de las personas; el entorno  y el debilitamiento del tejido social; la deserción escolar; crecimiento urbano desordenado y desproporcionado; el aumento en el consumo de alcohol y drogas; la violencia y la proliferación de armas así como una falta de capacidad institucional del Estado han sido los factores que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ha señalado como las causas del aumento de inseguridad y violencia en América Latina. 

Y cuando analizamos cual ha sido la respuesta institucional que se ha dado desde el Estado a esta problemática, la misma no han alcanzado a satisfacer las demandas de la población. 

Parece que a pesar de las reformas legales, la adopción de protocolos y tratados internacionales, así como  la adopción de nuevos programas y estrategias, nuestros gobiernos siguen partiendo  del mismo concepto de seguridad que por mucho tiempo ha estado asociado con la defensa estratégica de los intereses del Estado.

Por otro lado, resulta claro que el Estado dentro de sus prioridades, debe apostar por fortaLecer el desarrollo humano, entendiéndolo como la posibilidad de que las personas disfruten de una vida saludable, larga y de manera digna. Y el concepto de desarrollo humano está ligado al concepto de seguridad humana, y de manera más acotada, al concepto de seguridad ciudadana, esto es, la  protección de un núcleo básico de derechos, incluidos el derecho a la vida, el respeto a la integridad física y material de la persona, y su derecho a tener una vida digna, como el mismo PNUD la define. Por ello de inicio, debemos partir de redefinir el concepto y centrar la respuesta institucional del Estado hacia el fortalecimiento de la seguridad ciudadana. 

Por otro lado, no pueden diseñarse estrategias aisladas en el combate a la inseguridad, ni deben ignorarse las amenazas que se generan en el desarrollo de tales estrategias. Por ello es importante atender lo que pasa de manera cotidiana en las calles de nuestras ciudades, la proliferación de pandillas, la violencia de género, la dinámica juvenil vinculada a delincuencia, la corrupción, la delincuencia organizada y las violaciones cometidas por las propias autoridades.

Las fórmulas que han demostrado tener efectos positivos en otras latitudes en el combate a la inseguridad son conocidas. Y además la tendencia internacional va generando la inclusión de tales políticas en el entorno global. Sin embargo, parece no entenderse aún, que  para aplicarlas de forma exitosa, quienes encabezan los gobiernos en los tres niveles, deben atender las estrategias de seguridad como una integralidad y abandonar la idea de encomendar las mismas a una o dos  dependencias que las desarrollen de manera aislada. El fracaso reiterado de las estrategias de seguridad, especialmente en el ámbito municipal, responden justamente a esta actitud. 

La respuesta institucional debe abarcar la profesionalización de los cuerpos de seguridad, generar programas de protección a víctimas, políticas de prevención de violencia y delincuencia que logren disminuir brechas sociales y fortalezcan una cultura de paz, combatir la impunidad a través del fortalecimiento de las instituciones de justicia y seguridad, promover una real participación ciudadana, generar oportunidades de desarrollo para los jóvenes, atender y prevenir la violencia de género de manera clara y generar mecanismos de coordinación adecuados. 

Las fórmulas están ahí. Yo diría que lo que sigue faltando es una definición clara de quienes toman las decisiones.

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