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Choque de trenes

En las salas de cine en el país aparece un comercial de Ferromex, que habla de las virtudes del ferrocarril, cuyo sistema fue privatizado por el gobierno de Ernesto Zedillo. La campaña de difusión ha ido acompañada por otra, fuera del escrutinio público, donde participa la empresa estadounidense Kansas City Southern, que con presiones buscan descarrilar la nueva ley que los obliga a la interconexión ferroviaria que terminaría con el duopolio –entre las dos manejan el 80% del servicio nacional–, que hasta ahora les permite castigar a los usuarios con tarifas abusivas que han dañado a la industria y al país.

Los cabilderos de KCS, por sus siglas, algunos de ellos exfuncionarios del gobierno de Barack Obama, han puesto mucha presión sobre el gobierno de Enrique Peña Nieto y la Cámara de Diputados, donde se promulgó recientemente la ley secundaria del Servicio Ferroviario, con la cual se les acaba la discrecionalidad de incrementar sus tarifas, que –han hecho entre cuatro y ocho veces desde que fueron privatizados–. Molesta, la empresa estadounidense amenazó incluso con pedirle a Obama que trate directamente el caso con Peña Nieto, cuando se vean la próxima semana en Toluca, durante la Cumbre de Líderes de América del Norte.

La interconexión tiene como uno de sus objetivos abatir los costos, donde al no existir o estar al capricho de los propietarios, alteran y manipulan el servicio. Uno de los casos que se usa como ejemplo del alcance del uso personal de un servicio público se 

da en Guadalajara, donde Juan Beckmann, que tiene Tequila Cuervo, compró un ferrocarril con siete vagones para realizar un paseo por la región tequilera en esa región, pero el dueño de Ferromex, Germán Larrea, no se lo ha permitido.

Detrás de todo se encuentra un litigio civil entre los hijos de Beckmann y de uno de los miembros del Consejo de Administración de Grupo México, que preside Larrea, Claudio X. González, por lo que no le ha permitido que su ferrocarril pueda utilizar la vía, salvo que le pague un millón de pesos por kilómetro, que es el equivalente a decirle que no se va a poder. Esta arbitrariedad no es el único caso.

En la Península de Yucatán los industriales están desesperados porque la única forma de sacar sus productos al resto del país es mediante un ferrocarril cuyas vías se tendieron en el gobierno de Porfirio Díaz, hace más de un siglo, y que circula  a menos de 10 kilómetros por hora. La empresa que lo maneja, como es una ruta donde no hay ninguna competencia, se niega a cambiar el tendido de vías. Todo el sur de México, prácticamente, está desconectado del ferrocarril, porque quienes compraron los derechos no invierten. Entre los que más sufren es Pemex, que sólo puede transportar hidrocarburos hasta Guadalajara, y de ahí abastecer el sur por medio de oleoductos y gasoductos, cuyo costo impacta en los consumidores.

La interconexión obliga a las empresas a que mediante el pago de una tarifa, otros usuarios o concesionarios puedan acceder a las troncales del sistema ferroviario que actualmente Ferromex y KCS controlan. Ferromex opera las rutas de la zona Pacífico-Norte y las del Sureste, mientras que KCS controla las vías y rutas que comunican a la ciudad de México con Laredo, junto con los dos grandes puertos de Tampico y Lázaro Cárdenas. La multinacional estadounidense maneja el 40% de la carga que se transporta por ferrocarril en México, y casi el 60% de lo que se importa de Estados Unidos.

La privatización de los ferrocarriles les dio a las empresas una concesión de 50 años, de los cuales aún les quedan 34. En las reuniones a puertas cerradas con funcionarios y legisladores, han expresado sus enormes resistencias a la ley reglamentaria, y alegan que se está violando el Estado de Derecho. Parecería no coincidental que el expresidente Zedillo, quien al terminar su administración fue incorporado al directorio de la más grande empresa ferroviaria de Estados, Union Pacific. Esta corporación tiene también el 26% de Ferromex, tenga como discurso central que el problema en México es la ausencia de un Estado de Derecho.

Ese es el discurso central de  KCS, una de las corporaciones estadounidenses que financian campañas políticas de republicanos y demócratas, y que quieren hacer de este tema un punto en la agenda Peña Nieto-Obama. La Cámara de Diputados envió una respuesta a KCS y Ferromex donde las califica como “monopolios regionales” y las acusa de violar su título de concesión en materia de desarrollo e inversión. “Desde que se concesionó el servicio, sólo se ha incrementado en 40 kilómetros la red”, les dijeron. “En el caso de Kansas City Southern, es contradictorio que mientras en Estados Unidos goza de los beneficios de la apertura al usar en forma intensiva la interconexión y los derechos de arrastre… en México impulse la inexistencia del derecho de interconexión a terceros”.

La batalla de estos monopolios contra el Congreso y las amenazas sobre la presidencia se han convertido en un tour de force polí

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