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“Venganza personal” en caso Goyo

 

  • Deslindar lo periodístico
  • Gobierno veracruzano tutelado 
  • Extrañas versiones previas

 

El previsible desenlace fúnebre del episodio veracruzano del secuestro de un periodista más, puso nuevamente bajo la lupa la reprobable forma de gobernar del tutelado Javier Duarte de Ochoa y en especial la retorcida relación que su gobierno mantiene con los medios de comunicación.

En Veracruz se han asentado con fuerza específica bandas del crimen organizado cuando menos desde el sexenio anterior, cuando Fidel Herrera sentó las bases del protectorado o cacicazgo que mantiene en la entidad a través de una hilvanada hechura suya, Duarte de Ochoa. Las intrincadas relaciones entre poder público y crimen organizado, con sus vertientes de financiación de campañas electorales priistas, estatales y federales, han institucionalizado la impunidad y la corrupción, a tal grado que el simple ejercicio tradicional del periodismo es considerado como una amenaza a ese entramado de intereses poderosos.

Duarte de Ochoa no tenía ni tiene las características básicas para ser gobernador de un estado tan difícil como Veracruz. Fue habilitado por Fidel Herrera para que diera continuidad al proyecto del político que inundó el estado de color rojo electoral y ahora ha batallado largamente en espera de un cargo diplomático que le habrían prometido como premio por méritos en campaña (la peñista), supuestamente la embajada de México en Grecia. Un periodista político veracruzano de vasta experiencia, Luis Velázquez, ha escrito en su columna, Barandal, que hay un cuarteto de asesores de Duarte de Ochoa, integrado por Carlos Brito, José Murat, Enrique Jackson y el exvocero foxista Rubén Aguilar (http://bit.ly/1h9v8bR). Y en asuntos de prensa hay una coordinadora de comunicación todopoderosa, Gina Domínguez, quien antes ejerció funciones similares con el entonces gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, luego procesado y sentenciado por asuntos relacionados con el narcotráfico. A la vocera Domínguez se le atribuye ampliamente la ejecución de políticas de control del periodismo mediante el suministro de convenios publicitarios condicionantes y de retribuciones directas a quienes se someten a las líneas oficiales. En contrapartida, los que se resisten a esas directrices sufren represalias económicas e incluso persecución y acoso.

En ese contexto, la desaparición forzada de Gregorio Jiménez de la Cruz, la mañana del día conmemorativo de la promulgación de lo que fue la Constitución mexicana postrevolucionaria detonó protestas y exigencias a niveles nacional y estatal. Hubo incluso una reunión de periodistas con funcionarios, entre ellos el procurador estatal de justicia, Amadeo Flores, y la vocera Gina Domínguez, en la que trabajadores de los medios de comunicación del sur del estado interrumpieron el discurso burocrático y a gritos exigieron resultados en la búsqueda de su compañero Goyo.

El desenlace oficial tuvo como antecedente la extraña profusión de versiones de que Gregorio había sido encontrado con vida. El diputado local del Panal, Eduardo Sánchez Macías, llegó a asegurar que del venturoso hallazgo “serán las autoridades correspondientes las que dirán todo el detalle cómo sucedieron los hechos y realmente fue todo un trabajo de los cuerpos de seguridad pública y de los elementos de la AVI” (http://bit.ly/1bTHZdw). Sánchez Macías es dueño de periódicos en la entidad, El Heraldo de Xalapa y el Martinense, y hermano de Francisco, quien a su vez es propietario de los heraldos de Tuxpan, Tantoyuca, Coatzacoalcos y Poza Rica. Es tal la cercanía de ellos con el gobierno de Duarte que Francisco fue acallado a gritos por periodistas (“palero”, “vendido”, “chayotero”) en la reunión de reporteros con funcionarios comentada líneas arriba y en la que Francisco pretendía hablar de los “avances” en la búsqueda de Gregorio, y “felicitar” a las autoridades (http://bit.ly/1dGbtYU). Otro giro extraño correspondió a lo publicado por Luis Cardona en Diario 19, quien aseguró tener información absolutamente confiable de que Goyo había sido encontrado con vida. Luego, al saberse del deceso de Jiménez, el mismo Cardona señaló que “son fuentes de mucha solvencia de las que no puedo dudar. Qué sucedió después, no me lo han podido explicar” (http://bit.ly/1kA2r8m).

Finalmente, ayer fue encontrado el cuerpo de Jiménez de la Cruz y la autoría intelectual del crimen fue asignada a una vecina con la que el periodista habría tenido discusiones y que lo habría amenazado. A las infamias gubernamentales cometidas en este asunto (la esposa de Jiménez, Carmela Hernández, fue llevada a Xalapa para reunirse con Javier Duarte y allí le ofrecieron una casa regalada que ella rechazó, pues dijo que no buscaba casas, sino a su marido), se suma la postura oficial de achacar lo sucedido a un entorno meramente personal, a un pleito entre vecinos que motivó una venganza personal. Ayer se esmeraban el secretario de gobierno, Erick Lagos, y el procurador de justicia, Amadeo Flores, en deslindar de lo periodístico el asesinato de un periodista que escribió en su periódico sobre secuestros de migrantes y asesinatos a golpes en un bar cuya dueña lo amenazó por esos escritos y luego, según la versión gubernamental, contrató a una banda de asesinos que hasta entonces se movían con impunidad, para que mataran al periodista que había publicado textos periodísticos en un periódico. A Javier Duarte le urge echar paletadas de tierra al asunto, así sea cometiendo un doble agravio contra Jiménez, al pretender “despolitizar” los hechos. 

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