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Causantes abarrotan tribunales para amparos y van contra ajuste a prestaciones, IVA, IEPS y protección a seguridad informática

*El miércoles la discusión en la SCJN de estatutos de GAP en lío por control con Larrea; pospone SCT licitación de la Atizapán-Atlacomulco; que ESPN transmitiría al Pachuca pronto; admite Corte la controversia desde Los Pinos

 

COMO ERA DE esperar y al límite de lo legalmente establecido, los tribunales de distrito a nivel nacional cerraron ayer abarrotados por contribuyentes, personas físicas y morales, que presentaron amparos contra los diversos cambios realizados este año al régimen fiscal.

Aquí en el DF, el miércoles hubo colas y el último expediente se despachó cerca de las tres de la madrugada. Ayer todo pintaba para que se repitiera la misma historia debido a la demanda existente.

Uno de los principales actos reclamados tiene que ver con la reducción a la deducibilidad a prestaciones sociales que en algunas empresas tendría un severo impacto de más del 30% en el costo laboral.

Compañías intensivas en mano de obra van a ser las más afectadas por dicho ajuste que implementó la SHCP que encabeza Luis Videgaray y que luego avaló el Congreso.

En muchos casos de prevalecer el actual estatus el eslabón más débil será el trabajador ya que simple y llanamente la empresa ya no podrá cumplirle.

Este mismo ya se vio afectado en enero con la cascada de alzas de precios que trajeron las novedades fiscales. Algunas compañías de plano por el nuevo régimen fiscal van a ver sensiblemente mermada su rentabilidad, de ahí su decisión de ir a los tribunales para tratar de retener el golpe.

Otro de los actos jurídicos reclamados tiene que ver con la protección de la información fiscal del contribuyente, a propósito de que para julio y de acuerdo con las nuevas disposiciones esta debe subirse a la red en la plataforma del SAT.

Se considera que si bien el Estado legalmente está facultado para recurrir a esa información, el contribuyente no puede perder sus derechos de conocer el momento cuando la autoridad haga uso de la misma.

Hay también amparos contra el ajuste al IVA en la frontera, el IEPS aplicado a diversos alimentos de forma unilateral y discriminatoria, y algunos derechos.

Quizá los resultados más inmediatos por parte de los tribunales podrían tenerse en 3 ó 4 semanas, sobre todo en lo relacionado con la protección a la seguridad de la información. En otros de los aspectos quizá habrá que esperar de 4 a 5 meses los resultados de estas acciones que corroboran el rechazo a la propuesta fiscal que presentó Enrique Peña Nieto.

La esperanza es que los tribunales actúen con imparcialidad para salvaguardar los derechos de los contribuyentes, puesto que el SAT que comanda Aristóteles Núñez, se puede anticipar, no se va a quedar con los brazos cruzados.

La autoridad fiscal hizo ya diversas adecuaciones a su propuesta original y según expertos consultados se ve difícil que pueda recaudar el 1.4% del PIB más que anunció en su momento.

Ahora se habla de 0.9% ó 1% del PIB, puesto que se eliminó el IETU y los Repecos no van a pagar en un año.

Frente a lo anterior la posición de la dirigencia empresarial se ve cuesta arriba dadas las presiones del gobierno para firmar un pacto fiscal.

Por lo pronto Concamín que preside Francisco Funtanet ya avaló el pacto, al igual que el CNA de Benjamín Grayeb, Canadevi de Fernando Abusaid y la última la Cámara de la Construcción que lleva Luis Zárate.

El CCE que preside Gerardo Gutiérrez Candiani busca arrancar de la SHCP compromisos para amarrar equilibrio en las finanzas públicas, dado que es de anticipar que frente a una menor recaudación pudiera tenerse la tentación de echar mano de deuda.

Lo deseable sería insistir en una auténtica reforma fiscal que incentive el ahorro, la inversión y que sea capaz de acotar la vorágine de la informalidad que hoy sigue tan campante.

Como quiera el asunto está lejos de estar resuelto.

*  *  *

LA NOTICIA ES que este miércoles será la discusión en la Suprema Corte de Justicia del tema de los estatutos de GAP que al imponer un tope del 10% a la tenencia accionaria individual contravienen la Ley del Mercado de Valores. Este es el quid de la añeja controversia que sostienen en ese grupo aeroportuario que dirige Fernando Bosque, el grupo de accionistas mayoritario y Germán Larrea, poseedor del 28.9% de las acciones y que en el sexenio pasado se vio impedido de asumir el control. El expediente se llevó a la máxima instancia por GAP y el asunto está en manos de la ministra Olga Sánchez Cordero. Vale señalar que los principales accionistas de esa firma que maneja 12 aeropuertos, entre ellos los de Tijuana y Guadalajara, son las españolas Abertis y AENA así como Eduardo Sánchez Navarro, Laura Diez Barroso y Carlos Laviada. Así que habrá que estar pendientes.

* * *

PUES FÍJESE QUE al final de cuentas la subsecretaría de Infraestructura de SCT que comanda Raúl Murrieta suspendió la entrega de ofertas prevista para hoy. Sería la primera carretera a licitar este año, que es la Atizapán-       Atlacomulco. Es un PPS de 74 kilómetros y una inversión cercana a los 6 mil millones de pesos. Al final la concurrencia ya no era tan copiosa como se esperaba por algunos detalles, sobre todo en la parte de tarifa. Estaban puestos CICSA de Slim Helú y OHL que preside José Andrés de Oteyza. Parece que habrá que esperar unas tres semanas. No obstante las apreturas que vive el rubro de la construcción, las obras en este terreno se desgranan lentamente.

*  *  *

HAY QUIEN ASEGURA que prácticamente está amarrado y que sólo habrá que esperar a que transcurra la temporada para que se oficialice. Se lo paso al costo. Según esto Grupo Pachuca de Jesús Martínez, en donde también es socio Carlos Slim Helú, ya habría decidido acerca de los derechos de transmisión de los Tuzos para el siguiente campeonato. Dada la problemática con las televisoras, se optaría ahora por ESPN que comanda Gerardo Casanova. El León, actual campeón y que también pertenece a la misma firma, llega al público vía Fox Sports que dirige Oscar Gómez. El contrato entre Pachuca y TV Azteca de Ricardo Salinas vence en mayo.

*  *  *

TAL CUAL SE anunciara, ayer mismo el ejecutivo arrancó el trámite ante la SCJN que preside Juan N Silva para que sea la máxima instancia judicial la que decida si IFETEL que comanda Gabriel Contreras tiene atribuciones para decidir lo relacionado con la retransmisión de señales de televisión abierta en la TV de paga (el “must carry” y “must offer”). El texto constitucional no deja dudas. De ahí la controvertida decisión del juez José Guadalupe Mejía Galán que indica lo contrario tras un recurso que presentó Televisa de Emilio Azcárraga. Dish que comanda Joaquín Vargas ya inició acciones penales contra el juez. La SCJN ya admitió el recurso. Obvio decir que el tema urge para resolver ya un asunto que en otras latitudes es agua pasada desde hace años, y que favorece al televidente.

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