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La perspectiva de género presente en el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales

 

El pasado miércoles siete de febrero, se aprobó en la Cámara de Diputados la minuta con  proyecto de Dictamen por el que se expide el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Sin duda, el proceso de creación del Código Nacional de Procedimientos Penales que habrá de observarse en el marco de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en todo el país, constituye un esfuerzo sin precedentes en la historia reciente de nuestro país. De ahí la importancia de lograr consolidar un producto legislativo que reuniera las siguientes características:

• Contar con un proyecto legislativo en materia procedimental penal que establezca un modelo jurídico uniforme, homogéneo, sistematizado y acorde a las bases y principios constitucionales.

• Lograr que el contenido y alcance del Código Nacional sea claro, preciso y que evite dispersión normativa, criterios encontrados o inseguridad jurídica.

• Lograr un marco jurídico que refuerce la idea de la justicia pronta, expedita, eficaz, que reduzca la confrontación de criterios.

• Generar condiciones de igualdad normativa respecto de las consecuencias procesales que se generen por la comisión de un delito, con independencia de la ubicación geográfica en donde se generen.

• Lograr establecer una legislación única que guarde el debido equilibrio entre los derechos del imputado como los de la víctima del delito.

• Lograr en general un proyecto dinámico, moderno y potente que responda a las principales preocupaciones de la ciudadanía.

Sin duda alguna, el Código Nacional además de ser el marco normativo que regulará los aspectos adjetivos del sistema acusatorio, también constituye una herramienta de política criminal fundamental, al lograr una adecuada uniformidad en todo el país respecto a las consecuencias procesales que se susciten en todas las latitudes del mismo.

En ese contexto, el Código Único será una herramienta indispensable en el proceso de implementación del sistema de justicia penal,  sobre todo sí tomamos en cuenta  lo avanzado de plazo constitucional para la implementación del sistema que fenece en 2016. 

Pero otro  punto medular lo es el relativo a que el Código incorpora una serie de disposiciones en materia de género, que pretenden garantizar condiciones de igualdad y no discriminación a la mujer en el procedimiento penal, las cuales han sido retomadas de diversas resoluciones dictadas por organismos internacionales en materia de derechos humanos, así como tratados internacionales que se pronuncian por el derecho a la mujer a una vida libre de violencia a través de una tutela judicial efectiva, en condiciones de igualdad y sin mediar discriminación. 

El Código Nacional contempla la perspectiva de género en su desarrollo y esto constituye una excelente noticia en el camino (todavía lento) hacia un país libre de violencia contra las mujeres. 

Algunas de estas medidas, que en buena parte se retoman de una iniciativa nuestra y de otras ideas  que aportamos en el proceso de discusión del dictamen en la cámara de Senadores, entre las que se destacan por ejemplo,  la incorporación de medidas de protección de la víctima durante la etapa de investigación y que a juicio del juez se pueden convertir en medidas cautelares durante el proceso. Estas medidas tienen por objeto preservar la identidad de la víctima. Tales medidas ayudarán a muchas mujeres que temen por su integridad física y emocional al ser objeto de amenazas por parte de sus agresores.

Igualmente es un gran acierto del Código considerar a la víctima como parte. A partir de la vigencia del código la víctima del delito se considerará parte del proceso con todos sus derechos, incluido el de tener un asesor legal, y en caso de no contar con recursos para designarlo, el Estado lo deberá proveer, derivado del principio de igualdad procesal. 

El Código también contempla disposiciones para el resguardo de la identidad de la víctima en algunos casos, y entre ellos están los casos de delitos sexuales. Igualmente se regula la excepción a la publicidad de las audiencias, que en el caso de delitos de género, evitarán la exposición y doble victimización a mujeres. 

El Código también establece que el Ministerio Público deberá realizar la investigación libre de estereotipos, y con ello se obliga a los responsables  de la procuración de justicia a omitir juicios discriminatorios a mujeres víctima. 

El  Código Nacional de Procedimientos Penales aprobado ya en ambas Cámaras, tiene aspectos que deberán mejorarse, pero el balance es positivo. Yo creo que uno de  los aspectos más relevantes  está un diseño que incorpora una visión con perspectiva de género, que sin duda ayudará en el difícil camino para lograr un pleno acceso de las Mujeres a la justicia y a una vida libre de violencia.

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