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El camino al infierno

 

Despenalizar la mariguana, como propusieron legisladores del PRD la semana pasada, no sólo se oye políticamente correcto, sino que en la geopolítica actual luce inevitable. Sin embargo, hay una variable que no se ha explorado y que omitirla lleva a una tragedia: ¿cómo se evitaría que una vez que se autoricen dispensarios para la venta de mariguana, como proponen, aquéllos que incursionen en ese tipo de negocio evitarán extorsiones y violencia de los narcomenudistas?

Las iniciativas perredistas quieren reclasificar la mariguana para “uso terapéutico” y despenalizar su tenencia para uso personal, así como acondicionar “espacios seguros” para el abastecimiento de la mariguana que puedan ser vigilados por organismos de prevención de las adicciones. Las iniciativas se inspiran en el espíritu de Uruguay, que se convirtió recientemente en el primer país que la ha legalizado, y Colorado y Washington que desde el primero de enero la autorizan con fines recreacionales. Pero ni Uruguay ni Estados Unidos, son México. 

Las iniciativas perredistas, que tratarán de cambiar las políticas públicas y abordar el  consumo de la mariguana como un problema de salud y no como uno criminal, se hacen eco de la propuesta de los expresidentes César Gaviria de Colombia, Fernando Henrique Cardoso de Brasil, y Ernesto Zedillo de México en 2009, que recientemente avalaron cuatro exsecretarios de Estado Pedro Aspe, Jorge Castañeda, Juan Ramón de la Fuente y Fernando Gómez Mont. Pero todos ellos soslayan la realidad mexicana: la violencia domina todo el mercado de las drogas.

Esa variable no ha sido contemplada por nadie en México, hambriento de analogías rápidas y superficiales. En México, la violencia es generada mayormente por los narcomenudistas, que están vinculados a los cárteles de las drogas y muchas veces, actúan como sicarios. Son quienes controlan los territorios en las ciudades, venden protección y matan a quienes los desafían. En muchos sentidos, son una extensión violenta de los cárteles de las drogas.

El modus operandi de la organización de Los Zetas describe el fenómeno. Los Zetas reclutan a sus cuadros en las tienditas donde se venden droga en las ciudades donde tienen presencia. Las tienditas son controladas por ellos y cuando detectan que un grupo de amigos va regularmente a comprar, los invitan a platicar con “el Don”, como llaman a los jefes de plaza del cártel. Si aceptan, los envían a un campo de entrenamiento para que les enseñen el manejo de armas y métodos criminales. Después de seis meses, aproximadamente, los regresan a sus lugares de origen y empiezan a probarlos y foguearlos.

Lo primero que les piden es cobrar las extorsiones y ejercer violencia física cuando hay resistencias. Al pasar esas primeras pruebas, entran a secuestros y asesinatos de bajo perfil. Cuando consideran que están listos, se les asigna una zona para que la trabajen, les dan armas y los dotan de drogas para que vendan. Tienen que pagar mensualmente por el producto que les dan y una comisión sobre las ganancias. En la medida en que prueban su eficiencia, les amplían sus territorios. Los Zetas operan su negocio como franquicias, lo que les permite ir desdoblándose por el país.

La violencia que ejercen es doble. Por un lado enfrentan a sus rivales para mantener su control territorial y el negocio, siempre en busca de expansión. Por el otro, sus franquiciantes impiden que alguien les haga competencia; aquél que los desafía, puede morir. Este método, que no es único de Los Zetas, es una de las realidades que tendrá que enfrentar una ley que permita la instalación de dispensarios. ¿Alguien cree que no habrá una reacción en contra de los nuevos emprendedores amparados por la ley?

La realidad de los cárteles y sus sicarios se mueve en la cotidianeidad del narcomenudismo. La creación de dispensarios para la venta de mariguana es el equivalente, en la racional criminal, de las tienditas. ¿Qué pasará con los dueños de los dispensarios? La violencia tocará sus puertas. Si se resisten a la extorsión, atacarán a sus locales, y si aún así si no ceden, sufrirán físicamente. Lo más sano para ellos sería que cerraran su negocio para ahorrarse problemas, o que pagaran el  derecho de piso y las extorsiones a los narcomenudistas. En cualquier caso, la nueva ley mostraría su fracaso. 

El ciclo del narcotráfico y su externalidad del narcomenudeo tendría una nueva cara, pública y legal, gracias a una ley que ve la realidad mexicana en espejos foráneos. Para ver la despenalización como un problema únicamente de salud, tendría primero que acabar la violencia en las calles mexicanas. Estamos lejos de ello, por lo que si se autorizan dispensarios para la venta de mariguana, el crimen y la violencia producirá nuevos daños colaterales, como resultado de una idea progresista y necesaria, pero para un país donde la muerte no esté en cada esquina.

 [email protected] | twitter: @rivapa

 

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