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Teresa Ontiveros Carranza

1.- San Felipe de “los moches”

La principal evidencia de la conducta indebida de Teresa Ontiveros Carranza como presidenta ejecutiva del DIF de San Felipe fue su renuncia. Ese viernes, aún intentó que sólo fuera licencia, pero el ayuntamiento se la rechazó.

Los abusos contra Perla Silva Robledo, su exsecretaria particular, quien se atrevió a denunciar y por ello fue encarcelada y difamada, destaparon una historia que venía de más de un año atrás. 

La noticia de que Ontiveros Carranza exigía “moches” a los empleados del DIF se supo en el pueblo desde enero del año pasado. Para desactivarla, el regidor Margarito Delgado recabó firmas de los quejosos en un oficio en el que declaran no ser objeto de esas presiones. En pago, Ontiveros le dio una plaza en el DIF a su hija… y luego se la quitó.

El esposo, el alcalde Federico Velázquez Juárez, no sólo se prestó al encubrimiento de Teresa Ontiveros, sino incluso decidió poner en juego su poder e investidura. Con su director de Policía, Roberto González, armó el “cuatro” que le pusieron a Perla y sus tres acompañantes.

El PRI, que fue el que llevó a Velázquez Juárez a la alcaldía, a nivel municipal está dividido. El líder sanfelipense, Arturo Luna Ramírez, ya había exigido se corrigieran las anomalías en el DIF, antes del escándalo, y ahora impulsa la expulsión de Teresa y Federico.


Federico Velázquez Juárez

En cuanto a lo estatal, el PRI está pagando la falta de una dirección. El jueves, un día después del desaguisado de Federico, llegó a San Felipe la presidenta provisional, Ana Bertha Silva Solórzano, a desayunar con los consejeros políticos. Le dieron a conocer el conflicto, y su reacción fue casi de indiferencia, como si se tratase de un simple asunto doméstico y había que dejarlo ahí.

Pero llegó al inicio de sesiones del Congreso, en donde el líder cameral panista, Juventino López Ayala, dijo que había que investigar a fondo lo de los “moches” en San Felipe, y no sólo los de Celaya, como planteó el coordinador priista, Javier Contreras. Ayer, el líder estatal del PAN, Gerardo Trujillo, dijo que consideran solicitar, incluso, la revocación del mandato de Federico Velázquez.

Aunque todavía quedarían otros recursos, como el de la “fórmula Zarazúa”, César Emilio, el exalcalde panista de Doctor Mora quien fue “invitado” a solicitar licencia. Así, el PRI todavía tendría la posibilidad de poner a uno de los suyos como alcalde interino o sustituto.


Adriana Rodríguez Vizcarra

2.-Regresa el tema de las mujeres

Hoy, con un mes de retraso, Adriana Rodríguez Vizcarra, la directora del Instituto de la Mujer Guanajuatense, Imug, firmará con representantes de la Organización de las Naciones Unidad, ONU, un convenio relacionado con el “Código Naranja”.

Rodríguez Vizcarra había anunciado que sería para enero cuando los especialistas de la ONU vendrían a verificar y a apoyar esa estrategia, toda vez que deriva de su modelo. 

A ese prestigio apostó el gobierno estatal, lo cual le funcionó publicitariamente al presentar el “Código Naranja”, pero luego fue cuestionado por no haberle asignado un presupuesto. Esto lo justificó el gobernador, Miguel Márquez, al señalar que se trata de una estrategia “transversal”, y que cada dependencia le dedicaría parte de su gasto.

Apurando el paso, la semana pasada el gobierno estatal publicó el Decreto 68, para la creación del Centro de Justicia para Mujeres, en tanto el ayuntamiento de Irapuato aprobó la donación del terreno.

Aunque hay otros asuntos que gravitan sobre el tema de las mujeres y la violencia que padecen. 


Lucero Salcedo Palacios

La diputada Érika Arroyo Bello, en su calidad de presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso, ha lanzado el desafío de la realización de acciones concretas después de haber cedido la presidencia de la “Mesa Interinstitucional”. Instancia que se integró por parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial para definir acciones “urgentes” ante los sucesos de violencia en contra de las mujeres y no ha funcionado.

Está en curso la campaña de apoyo a Lucero Salcedo Palacios en demanda de que la CNDH emita ya su recomendación. Sigue pendiente la resolución de su solicitud de Amparo, así como la conclusión del juicio que se sigue en el Poder Judicial de Guanajuato.

Una especulación que se ha mantenido es causada por la posible coincidencia de todos estos retrasos: la de que el desenlace del “Caso Lucero” pudiera ir por el lado de la no reclasificación de los delitos del agresor, Miguel Ángel Jasso

 

Margarita Arenas Guzmán

Sin problemas de identidad, la delegada de la Secretaría de Educación Pública, SEP, comparte con sus colegas federales todas las tareas que le corresponden en ejercicio de su representación. No importa que alrededor de 40 de ellos sean priistas y ella panista.

Mejor que varios de ellos, por una institucionalidad mejor comprendida, hace una correcta representación del gobierno federal. Y del presidente de la República, Enrique Peña Nieto

Anuncia, por ejemplo, para este año el cumplimiento de un compromiso de Peña: la puesta en marcha de cuatro escuelas preparatorias: Guanajuato, León, Irapuato y Acámbaro.

Arenas Guzmán muestra una clara maduración política. Sobre todo después de aquel amargo lance en el que perdió la candidatura a la alcaldía de Guanajuato por un litigio de su correligionaria Ruth Lugo, quien a cambio quedó con nada.

Vinculada desde hace tiempo con el senador Juan Carlos Romero Hicks, más desde el espacio universitario que del panista, también lo está con el presidente estatal del PAN, Gerardo Trujillo Flores.

Ha ido, sin embargo, aportando sus propios esfuerzos. Docente y encargada de la Red Médica en la UG, también ha sido regidora y diputada federal.

Ahora, a este nuevo encargo aporta sus saberes y experiencia. Y para mejor realizarlo, le ayuda el no tener, como sus colegas priistas, la comezón por meterse al proceso de elección de su presidente estatal.

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