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Construyendo los principios de una democracia participativa en México

 

Hablar de democracia participativa, es hablar del poder ciudadano para influir en las decisiones que toman sus gobernantes. Es hablar de que las decisiones de los políticos realmente toman en cuenta lo que a la sociedad le interesa. Es hablar de la posibilidad real de que la gente sea escuchada. 

Es cierto que desde hace dos décadas se han venido dando esfuerzos fragmentados por avanzar hacia una democracia participativa en México. 

Algunas entidades han regulado leyes de participación ciudadana (que no han funcionado) y hay otros esfuerzos en el mismo sentido. 

Sin embargo, las reformas constitucionales recientes han puesto en marcha el diseño de instrumentos legales para regular procedimientos de democracia participativa. 

Justo en estos momentos en el Senado de la República estamos discutiendo dos de estos procedimientos, por un lado la Ley de Consulta Popular que ya fue aprobada en comisiones, y  por la otra la regulación de la iniciativa ciudadana. 

La democracia representativa, con la que estamos más familiarizados, implica que el diseño de políticas públicas y la creación de leyes corre a cargo de quienes los ciudadanos designan en los procesos electorales, esto es los legisladores y los gobernantes. 

Sin embargo esta representación, tiene algunas deficiencias, por un lado la tentación de los políticos de establecer por encima del interés general el interés de sus partidos, y por otro los altos márgenes de abstencionismo al momento de elegirlos. Ello implica que las decisiones sobre legislación y políticas públicas que afectan a la mayoría de los ciudadanos, no tienen necesariamente una correspondencia con el interés social. 

En los próximos días en el Senado tendremos la delicada tarea de revisar y concretar un dictamen  para regular la Iniciativa Ciudadana, que consiste en la posibilidad de que un grupo de ciudadanos presenten propuestas de leyes al Congreso. 

Por otro lado, en los próximos días se discutirá en el pleno el dictamen sobre la Ley de Consulta Popular, que permitirá a los ciudadanos opinar sobre diversos programas gubernamentales, políticas públicas o instrumentos legislativos. 

Esta semana nos hemos dado a la tarea de examinar los documentos y las minutas que provienen de la Cámara de Diputados e incluso escuchamos a los representantes de algunos movimientos ciudadanos que han impulsado estos cambios legislativos. 

Nuestra tarea no será sencilla, pues de tener éxito estos instrumentos deberán realmente contribuir al perfeccionamiento de nuestra democracia. El riesgo por otro lado, está en que generemos leyes inaplicables con un exceso de candados que impidan la participación plena de los ciudadanos, como ocurrió ya con las leyes de participación ciudadana generadas en algunos estados del país, como el caso de Guanajuato. Pero por otro lado también está el riesgo de generar instrumentos que propicien la manipulación política para promover intereses ajenos a la sociedad, o bien intereses económicos de grupos de poder. 

Confió en que el consenso de las fuerzas políticas den como resultado instrumentos legales que permitan contar en México con un sistema de democracia participativa en que los ciudadanos realmente participen en la toma de decisiones que definen el rumbo de nuestro país.  

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