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La Prohibición

“Después de todo, si la libertad no hubiese tenido más que a los gobiernos para vigilar  su crecimiento, es probable que estuviese todavía  en la infancia, o definitivamente enterrada,  con la mención ‘angelitos al cielo”.

El pan y la libertad. Discurso de Albert Camus, 1953.

En 1920, por medio de la “Ley Volstead”, se prohibió en Estados Unidos la fabricación, transporte, venta e importación de bebidas alcohólicas. El consumo no, pues no podía ser prohibido.
A esa medida, conocida como “La Prohibición”, le antecedió una etapa de condenas sociales e institucionales contra el alcohol. A su consumo se le achacaban muchos males, como la decadencia moral, el empobrecimiento de las mayorías, el auge criminal…
El senador Andrew Volstead prometió que a partir de la prohibición, “todos los hombres volverán a caminar erguidos, sonreirán las mujeres y reirán todos los niños. Se cerraron para siempre las puertas del infierno”.
Los trece años que duró la “ley seca” provocaron un gran aumento en el consumo de alcohol, un excepcional baño de sangre, la corrupción de policías y funcionarios, el reinado de los “gangsters” y la creación de enormes fortunas. Éstas, luego servirían para la incursión de las mafias en otros giros criminales: extorsión, juego, prostitución, narcotráfico…
La cantidad de la población carcelaria subió un 600 por ciento, y el gobierno dilapidó enormes cantidades de dinero en el vano intento de hacer cumplir la prohibición.
Por el clandestinaje, se fabricaron whisky y ginebra sintéticos, cuya ingestión provocó, en los primeros siete años de la prohibición, 50 mil muertos, cegueras y parálisis. 
Socialmente, la conclusión fue generalizada, “salió peor el remedio que la enfermedad”. Para 1933, el nuevo presidente, Franklin Roosevelt, que hizo del fin de la prohibición una promesa de campaña, acabó con ella. También hubo motivos económicos, pues para el gobierno era más rentable la liberación.
Sólo la ceguera, el fanatismo, el afán de dominación sobre la sociedad y la presunción de que se tiene derecho a imponer a los demás pautas de conducta llevan a los gobiernos al intento de limitar la libertad. 
Así pasa ahora con el gobierno de Guanajuato y su pretensión de prohibir la instalación de nuevas casas de juego y “tables dance”. Con varias agravantes, entre otras la de dejar en funcionamiento esos “centros de perdición” que ya funcionan. Porque no puede clausurarlos.
El propósito declarado por el gobernador, Miguel Márquez, es el de quitar a la delincuencia escenarios propicios para sus actos ilícitos, que pueden ir desde el lavado de dinero –que no se dice- hasta la trata de personas.
Esta propuesta, vagamente incluida en una estrategia preventiva, que no se describe, al no ofrecer soporte en datos fidedignos ni solidez legal y política, se proyecta más como una cruzada puritana. El secretario de Gobierno, Antonio Salvador García, expresó otros objetivos, como el de proteger los valores y el de acabar con la prostitución.
Grave confusión. ¿Seguridad, legalidad, moralidad…?
Ante semejante endeblez, la deliberación que destaca, políticamente, es meramente propagandística, e ideológicamente la de imponer a los demás preferencias y opciones. Es decir, limitar su libertad.
También implica, y eso es lo más grave de todo, una evasión y un abandono de las responsabilidades. Si el gobierno ha encontrado las graves violaciones legales que dice ocurren en esos lugares, por qué no, simplemente, aplica la ley, de acuerdo a sus atribuciones.
Ante esa ausencia, la prohibición que ahora propone protegería a esos centros protocriminales que prevalecerían. 
La prohibición impedirá a otros el derecho a incursionar en estos negocios. Promoverá el surgimiento de opciones al margen de la ley, en la medida en que más gente busque este tipo de entretenimientos… y con ello el incremento de la inseguridad para las personas y las posibilidades criminales.
La democracia tiene su esencia en las libertades, moduladas por las leyes, y en su expansión creciente. La tendencia es a que la sociedad se fortalezca en sus potestades y a que el gobierno se dedique a sus tareas administrativas, gestoras y protectoras. No controladoras.
Además de ir a contracorriente, la propuesta de Márquez viene a provocar problemas donde no los había. Y a introducir nuevos factores de incertidumbre, que hacen prosperar la inseguridad en lo que el gobierno puede y no puede hacer… o intentar.

 

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