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Código Territorial obliga a normar el desarrollo

Desde la semana pasada, Estado y Municipios deben contar con sus propios reglamentos

Hasta diciembre pasado poco más de tres mil fraccionamientos se encontraban en trámite de ser regularizados en la entidad. Foto: Gerardo León

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GUANAJUATO, Guanajuato.- A  partir del primero de enero comenzó a aplicarse plenamente el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, porque desde el 31 de diciembre venció el plazo que se dio al Estado y ayuntamientos para que expidan o modifiquen reglamentos en materia de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y preservación ecológica. 

Con la entrada en vigor del Código Territorial, se abrogan cinco leyes estatales: de Desarrollo Urbano, de Fraccionamientos, de Vivienda, de Aguas, y la elaborada para protección y conservación de la Ciudad de San Miguel de Allende.

Además, el 31 de diciembre, la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) tuvo que haber remitido a los ayuntamientos los expedientes de fraccionamientos y conjuntos habitacionales que aún se encuentren en trámite, para que los concluyan.

Hace dos meses exactamente, el director de Planeación y Ordenamiento Territorial de la Sedeshu, Antonio Ruelas de Anda, declaró que son 3 mil 9 los expedientes que se harían llegar a municipios.

No se ha informado hasta ahora cuántos expedientes ha transferido el Estado ni cuántos de los 46 municipios modificaron o elaboraron ya reglamentos que les permitieran cumplir con lo establecido en el Código Territorial, el cual tiene por objeto “establecer las normas, principios y bases para el ordenamiento y administración sustentable del territorio del estado”.

El plan

El Código Territorial, aprobado al cierre de la pasada Legislatura, abrogó leyes estatales que había de Desarrollo Urbano, Fraccionamientos, Vivienda y Aguas; obliga a crear un Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, programas para las zonas metropolitanas de la entidad y para cada municipio.

El objetivo es establecer las políticas de largo plazo para las poblaciones, la protección al ambiente, la operación y mejora de sistemas urbanos en materia de educación, salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y transportes, recreación y deporte, administración pública y seguridad.

Éste fue diseñado por el Iplaneg, en colaboración con la Sedeshu, la Coveg, el Instituto de Ecología y la CEA, entre otros.

Con ello, cada ayuntamiento está obligado a elaborar su propio programa municipal para definir los usos de suelo, tanto en zonas urbanas como rurales, a fin de dar certidumbre jurídica a las actividades productivas, vivienda y conservación ambiental.

Y no son las únicas tareas que tienen que desahogar los dos niveles de gobierno para participar en la titánica misión de garantizar un desarrollo sustentable, pues el Código Territorial contempla sustentar la planeación territorial en programas de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, estatal, municipal y  Zonas Metropolitanas.

El programa estatal se sustentará en un diagnóstico que será coordinado por el Instituto de Planeación Estadística y Geografía (Iplaneg), con la participación de la Sedeshu, la Comisión de Vivienda del Estado (Coveg), el Instituto Estatal de Ecología (IEE) y la Comisión Estatal del Agua (CEA), “a partir de los resultados de los estudios e investigaciones de que dispongan”.

Además, ese programa, y los de cada municipio, deberán incluir, entre otras estrategias, las tendientes a la protección al ambiente, preservación del equilibrio ecológico y el ordenamiento y administración sustentable del territorio, el desarrollo urbano de los centros de población y su regulación ambiental.

Asimismo, otras vinculadas con la construcción de vivienda popular o económica y de interés social, y la conservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico, así como áreas de valor escénico, el paisaje e imagen urbana, así como la accesibilidad de las personas con discapacidad al transporte público, y a servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público.

Conservación ambiental

Será importante también un Inventario Estatal Forestal y de Suelos y un Inventario Habitacional y de Suelo para Vivienda.

Y es que el Código Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato contempla acciones para conservación y restauración de los espacios naturales, de gestión conservación y preservación de las aguas de jurisdicción estatal, así como las destinadas a la construcción, mantenimiento y conservación de la infraestructura pública y del equipamiento urbano, y todo lo que tiene que ver con el suministro de agua potable y los servicios de drenaje, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales.

Los rubros que norma, por consiguiente, involucran a dependencias estatales varias. Además de la Sedeshu, al IEE, a la CEA y a la Coveg, así como al Iplaneg y a la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial.

Y a varias unidades administrativas de los municipios para que éstos cumplan con diversas funciones, incluida por ejemplo la de “promover y estimular la reconversión de tierras agropecuarias degradadas a productivas mediante prácticas de agricultura sustentable o a zonas de conservación ecológica o de recarga de mantos acuíferos”.

Eso, amén de otras como la expedición de constancias de factibilidad, permisos de uso de suelo, aprobación de traza de los fraccionamientos y de desarrollos en condominio, así como la de sus respectivas modificaciones, permisos de construcción y de urbanización de fraccionamientos y de edificación de desarrollos en condominio.

Reformado el 20 de junio y el 10 de octubre de este año, para ampliar plazo para elaboración o modificación de reglamentos y transferencia de expedientes de fraccionamientos, y para procurar que ayuntamientos destinen a equipamiento urbano y áreas verdes las áreas de donación que reciban de desarrolladores, el Código Territorial contempla declaratorias de patrimonio cultural, con restricciones para los inmuebles clasificados, y enlista tipos de obras que requieren de evaluación de impacto vial para autorizarse.

 

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