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Perdería Celaya 50 mdp por “moches”

Tres contratos de gestoría fueron firmados por Rubí Laura López

El empresario aseguró que durante su gobierno todos los procesos serán rigurosamente vigilados. Foto: Especial

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CELAYA, Guanajuato.- El Gobierno Municipal mantiene abiertos tres procesos para evitar el pago de hasta 50 millones de pesos que la administración anterior firmó con tres gestores particulares para atraer recursos para las obras del puente deprimido en Constituyentes y el Distribuidor Vial 2 de Abril, reconoció ayer el alcalde de Celaya, Ismael Pérez Ordaz.

"No hay un cumplimiento del contrato en forma adecuada, por gestiones y obras que no se hicieron… Entiendo que hay personas que ofrecen sus servicios, pero se debe analizar cada caso en particular”  
 Ismael Pérez Ordaz
 alcalde de Celaya 

“No conozco las particularidades de cada contrato, para eso está el departamento jurídico y confío en el trabajo que ellos hacen, estoy al pendiente que se avance, buscamos en todo caso el beneficio del municipio como administración pero en su totalidad la de los ciudadanos, porque sólo administramos el recurso”, dijo.

Reconoció que desde el proceso de la entrega-recepción con Rubí Laura López Silva, anterior alcaldesa, tomó de conocimiento que se tenía un proceso de demanda por 30 millones de pesos a una sola persona, Azucena Ingrid Palacios Trujillo, como presunta gestora y que ahora trabaja en el Parque Bicentenario de Querétaro como directora jurídica.  

Dicho “moche” equivale a un 22 por ciento de lo presupuestado para la construcción de las obras en un tramo del Distribuidor Vial 2 de Abril y un puente en Avenida Constituyentes.

Ayuntamiento no sabía
   Karen Delgado / Ricardo Aguilar
   Sobre las demandas que enfrenta el gobierno de Celaya, José Guadalupe Mendoza, director jurídico, dijo  que el contrato SUB15/2010 por 30 mdp fue firmado en 2010, durante la gestión de la entonces alcaldesa Rubí Laura López Silva, mismo que actualmente “está en litigio” y por lo tanto no puede ser revelado.
  Aseguró que “en la administración actual existe un oficio donde manifiesta que no se admite contratación de prestación de servicios por gestorías para obtener recursos federales.
  El funcionario admitió además que empresa  Urichape S. C. ya prestaba servicios a la administración para gestionar recursos públicos de manera rápida.
   Ante ello, el regidor del PRI, Rubén Guerrero, comentó que se necesitan analizar todos los documentos y lamentó que el actual gobierno no haya informado a los integrantes del ayuntamiento “que el Municipio tiene tres demandas”.

Al ser cuestionado sobre la denunciante, el primer edil, quien la semana pasada fue señalado por haber reconocido ante el ayuntamiento la existencia de presiones para pagar una comisión por la gestoría de recursos, aseguró no conocerla, sin embargo, explicó que “no hay un cumplimiento del contrato en forma adecuada, por gestiones y obras que no se hicieron… Entiendo que hay personas que ofrecen sus servicios, pero se debe analizar cada caso en particular, ser preciso y consistente y ver cómo se da cada caso”, dijo.

El contrato SUB15/2010 fue firmado el 13 de febrero del 2010, donde Palacios Trujillo prestó sus servicios como de gestoría, está firmado por Maribel López Martínez, extesorera, y Sergio Hernández Cervantes, exsíndico, el cual, está en proceso en el Juicio Civil 561/2012.

En primera instancia, el Juez falló a favor de la gestora; en segunda instancia, otro juez revocó la sentencia, y el pasado 17 de enero, la demandante promovió un amparo.

Pérez Ordaz, reconoció que no tenía los datos precisos del proceso de la demanda, pero que su instrucción es que se atiendan, que no se pierda nada, y que sea muy cuidadoso de los recursos que son escasos, porque se busca la trasparencia en su gobierno.  

 De igual forma, Pérez Ordaz descartó calificar el contrato de gestoría por 30 millones de pesos como un acto de corrupción, donde además, el Departamento del Jurídico reconoció que existen otros dos casos similares, los cuales podrían alcanzar en suma los 50 millones de pesos, sin embargo, se llevó el proceso con la empresa Urichape, S.C por los 160 millones de pesos, la cual cobraba 35 por ciento de comisión, que al final no se pagaron. 

“En el ánimo que los recursos no se perdieran y se utilizarán en infraestructura se dio seguimiento, no di la indicación, se dio durante el proceso, siempre con la convicción que se haría lo más adecuado para los ciudadanos, nunca pensamos en inflar las obras, todas son manejadas de manera estricta y bajo normativa, de hecho solicité al contralor que haga una revisión para garantizar que todo está en orden”. 

Anunció que para evitar en un futuro tales casos, el Gobierno Municipal tendrá su oficina de gestión especializada a través del Instituto de Planeación, donde se maneja la planeación, proyectos y ahora la gestión, para que sea institucional, “se tiene armado y sólo es cuestión de contratar a las personas que hagan las gestión, con las reglas de operación y atraer los programas”. 

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