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ASF confirman irregularidades en Sistema de Justicia Penal

Apenas ayer el presidente del STJE aseguró que en la entidad no hay atrasos en la implementación del nuevo sistema

Las auditorías forenses practicadas por la ASF al proceso de implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en Guanajuato arrojan diversas irregularidades en los ejercicios presupuestales de 2012. Foto: Especial.

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MÉXICO, DF.- Pese a que el presidente del Supremo Tribunal de Justuicia del Estado, Miguel Valadez Reyes negó retraso en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, las auditorías forenses practicadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al proceso de implementación de la reforma al Sistema de Justicia Penal en Tabasco, Oaxaca, Guanajuato y Puebla arrojan diversas irregularidades en los ejercicios presupuestales de 2012. 

Reportes preliminares a los que tuvo acceso el periódico EL UNIVERSAL revelan subejercicios en el presupuesto destinado a la capacitación, infraestructura inconclusa, adjudicaciones directas sin procedimientos de licitación y compra de mobiliario sin haberlo inventariado ante las autoridades, entre otras inconsistencias. 

Descarta atrasos
El presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Miguel Valadez Reyes, aseguró que en Guanajuato no hay atrasos en la implementación del nuevo sistema de justicia penal, y aunque no se puede hablar de que los juicios penales sean perfectos, están en el punto en el que deben estar, aseguró.

Entre tres gobernadores 

Guanajuato desaprovechó 664 mil 446 pesos del presupuesto que la Federación le asignó en 2012 para la capacitación de jueces, agentes del Ministerio Público y Defensores para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal, según el historial de la Comisión estatal responsable de su cumplimiento. 

En ese ejercicio fiscal, la entidad tuvo tres gobernadores, Juan Manuel Oliva, quien pidió licencia definitiva el 29 de marzo; Héctor López Santillana, que lo relevó como mandatario sustituto y el actual Ejecutivo, Miguel Márquez Márquez, quien el 26 de septiembre de 2012 asumió el cargo. 

El 29 de noviembre de 2012, en la misma fecha, la magistrada Imelda Carbajal Cervantes, entonces coordinadora de la Comisión Estatal para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, dijo que Guanajuato devolvería a la Federación 664 mil 446 pesos que no utilizó ese año en la capacitación de los servidores públicos involucrados en el programa. 

Dinero sin usar 

Ese año, la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación Profesional del gobierno federal otorgó a Guanajuato 5 millones 997 mil pesos para la capacitación del personal necesario para la implementación del Sistema Oral Penal, pero sólo ocupó 5 millones 333 mil 54 pesos. 

La fiscalía estatal recibió fondos por un millón 200 mil pesos; el Poder Judicial, 3 millones 525 mil; la Defensoría de Oficio, 800 mil pesos, y la Secretaría de Seguridad Pública, 450 mil; el recurso no aplicado se regresaría. 

Carbajal Cervantes informó que el recurso que no se ocupó debería regresarse. Ese dinero estaba etiquetado para la capacitación de policías, agentes del Ministerio Público, jueces de oralidad, defensores y personal de Seguridad Pública. 

El procurador Carlos Zamarripa, presidente de la Comisión Estatal para la Implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal y de Seguridad Pública, destacó que se establecieron cuatro fases para la aplicación de los juicios orales, que según la ley local estaría operando en los 46 municipios de la entidad el 1 de enero de 2015. 

En 2013, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución estatal para postergar un año la implementación de los juicios orales en la Región de Celaya y en seis meses en la de León, por no tener la infraestructura ni del personal suficiente y capacitado que operaría el Sistema Penal Acusatorio. 

Tabasco, Oaxaca, Puebla y Guanajuato son cuatro de los seis estados investigadas por la ASF por presuntas irregularidades en la Cuenta Pública de 2012 en relación con la implementación del nuevo modelo de justicia penal. Las otras dos entidades son Yucatán y el Distrito Federal. 

El Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública correspondiente a ese año será entregado este jueves a la Cámara de Diputados. Con información de El Universal).

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