Javier Pérez advirtió que quienes se verán afectados son dueños de lotes baldíos. Foto: Gerardo García

GUANAJUATO, Guanajuato.- Desde hace más de 20 años, los guanajuatenses pagan en sus recibos de consumo de energía eléctrica, el cobro por derecho de alumbrado público (DAP), aunque pocos se dan cuenta de ello y mucho menos que por todo ese tiempo, fue un cobro inconstitucional. Ese cobro, no medible en “beneficios” tangibles, fue el pago por las luminarias en calles y avenidas de las cuales todos los ciudadanos fueron beneficiarios. 

Con la reciente reforma a la Ley de Hacienda de los municipios, el cobro del DAP ha quedado como una norma justa, constitucional y legal, que será plenamente vigente para septiembre de este año, así que ahora lo que resta queda en el terreno operativo municipal, es decir que cada ayuntamiento deberá definir tarifas y padrones en conjunto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para que sea dicha paraestatal la que siga cobrando. 

Esto significa que el 98 por ciento de los ciudadanos no se darán siquiera cuenta de la diferencia en dicho cobro, que se ha estimado en un ocho por ciento del consumo de energía de cada casa o negocio, sin embargo habrá una parte de la población que sí resentirá este cambio en las leyes, porque ahora incluso quien no tenga contrato con la CFE para sus lotes baldíos o inmuebles desocupados, también deberán pagar su DAP, en el entendido de que todos los ciudadanos se benefician del alumbrado de calles y vialidades.

Falta difusión

Consultado al respecto, el director de la Unidad de Estudios de las Finanzas Públicas del Congreso local, Javier Pérez Salazar, reconoció que este aspecto sí pue-de ser un problema social, y fue precisamente una de las razones por las cuales se difirió la entrada en vigor de las reformas, que se había pensado fueran efectivas a partir del primero de abril, pero se reconoció que se necesitaba más tiempo para permear la información a la sociedad y para conformar la nueva infraestructura de cobro o decidir, en su caso, sus esquemas, por ejemplo, cobrar con el impuesto predial, para quien no tenga contratos con la CFE.

Tarea pendiente

A inicios de febrero, en cada municipio recibió del Congreso los insumos documentales para elaborar estudios y estimaciones futuras, como formatos para poder determinar la tarifa que tienen que aplicar en septiembre, a través de un formato de costos. 

Asimismo les dieron los formatos de los convenios, los convenios “marco” para suscribir con la CFE, proyectos de dictamen de la Comisión de Hacienda Municipal que tiene que elaborar las estimaciones de recaudación, de costos y proponer las tarifas al ayuntamiento, entre otros materiales. 

La información sobre la situa-ción recaudatoria de cada municipio por este cobro, la tiene la Secretaría de Finanzas, porque en términos de la Ley de Hacien-

da vigente, el “pagador” del alumbrado público es Finanzas y es la que compensa el tema recaudación-facturación por municipio, es decir que al municipio lo único que le transfieren, si es deficitario en sus cobros; son los saldos de participaciones, previa compensación, por cada uno de los meses. 

Datos duros

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